El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso en la Corte Suprema de Brasil en el que el expresidente Jair Bolsonaro fue denunciado por golpe de Estado, votó este miércoles a favor de abrir un juicio penal contra el líder ultraderechista, y un segundo juez lo acompañó en el voto.
De Moraes consideró que hay «materialidad» e «indicios razonables» en la acusación que presentó la Fiscalía señalando a Bolsonaro como líder de la trama golpista, y dijo que la denuncia detalló la participación del exjefe de Estado en los actos citados.
El juez fue el primero de los cinco magistrados de la Sala Primera del Supremo en votar contra el exmandatario y otros siete acusados por la Fiscalía -denominado el núcleo de la conspiración golpista- en el que figuran militares de alto rango y antiguos ministros del Gobierno del ultraderechista (2019-2022).
El magistrado Flávio Dino, segundo en tomar la palabra en la sesión, acompañó el voto del instructor y solicitó la apertura del juicio penal.
Todos los acusados fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.
Durante su intervención, el magistrado instructor consideró que las denuncias contra los ocho acusados proceden y están bien sustentadas, por lo que votó por la apertura de un juicio penal contra los mismos.
Al argumentar su posición en la audiencia, el juez instructor reconoció el liderazgo del ex jefe de Estado en la presunta trama golpista y dijo que los hechos fueron descritos «en forma detallada» y «satisfactoria» por la Fiscalía.
«Tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo (…) una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado», dijo De Moraes al argumentar su voto en la audiencia en la que se decide si se abre un juicio contra Bolsonaro.
El juez sostuvo que «la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al gobierno legítimamente electo» en un objetivo que «no se concretó» por «la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea las medidas de excepción».
De Moraes señaló que la conspiración empezó en 2021 y recordó la estrategia que utilizó ese año el exmandatario para «difundir noticias falsas sobre el sistema electoral brasileño».
La denuncia, presentada en febrero por la Fiscalía, acusó a Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de tratar de anular los resultados de las elecciones de 2022 en las Lula salió victorioso y mantenerse en el poder.
Según la acusación, la conspiración desembocó en la invasión violenta las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia, pocos días después de la toma de posesión de Lula.
