Guatemala encara este domingo las elecciones más controvertidas de su historia desde la implantación de la democracia en 1986, con tres candidatos descartados arbitrariamente por las autoridades según expertos y con un tribunal electoral ampliamente cuestionado.
Las denuncias sobre un «fraude electoral» tuvieron sus primeros ecos desde enero pasado con dichas palabras del exprocurador Jordán Rodas, a quien vetaron su participación en los comicios y quien considera que «el próximo gobierno será ilegítimo», según apuntó esta semana.
Rodas era el postulante a vicepresidente de la líder indígena Thelma Cabrera, cuya candidatura fue denegada por el Tribunal Supremo Electoral, ante la posible inscripción del exombudsman.
Así fue como Cabrera, una de las favoritas para llevarse los comicios tras su sorpresivo cuarto lugar en las elecciones de 2019, quedó fuera de la contienda.
Y de la misma forma, en un hecho sin casi precedentes, la Justicia y el Tribunal Supremo Electoral derribaron también las candidaturas del empresario Carlos Pineda, líder de las encuestas, y del hijo del expresidente guatemalteco Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), Roberto Arzú García-Granados.
«Sacándome a mí, que no soy aliado de la corrupción, su plan siniestro y macabro sigue», expuso tras su expulsión de la contienda Pineda, quien culpó al partido Vamos, del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, por dejarlo fuera.
La mayoría de expertos coinciden en afirmar que, con el veto a Cabrera, Pineda y Arzú, los grandes beneficiados son las candidaturas aliadas al oficialismo y compuestas por Zury Ríos Sosa, Sandra Torres Casanova y Edmond Mulet.
Un tribunal cuestionado
Sobre el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco hay fuertes dudas: uno de sus miembros titulares, Ranulfo Rojas, ha sido acusado en el pasado de corrupción y otro de ellos, Gabriel Aguilera, fue ministro de Trabajo durante el controvertido Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020).
De igual forma, hasta la fecha no hay un director de informática dentro del Tribunal Supremo Electoral, que debe ser el responsable legal de la transmisión de los datos el día de la votación.
No hay un antecedente similar dentro del Tribunal Supremo Electoral en las últimas dos décadas, e incluso la institución era considerada como una de las únicas con credibilidad dentro del Estado guatemalteco, salvo por el veto a la candidatura de la exfiscal general Thelma Aldana en 2019, quien está exiliada en Estados Unidos.
Es por ello que en redes sociales y en las calles se ha mantenido un murmullo que recuerda cómo era habitual que, en las elecciones previo a la democracia, los apagones de electricidad se registraban durante los conteos de votos.
Precisamente diversas entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA) han expresado su «preocupación» por la exclusión de candidatos y el desarrollo del proceso electoral.
Candidatos con acusaciones
Además, durante el período de inscripción electoral fueron admitidos al menos una docena de candidatos que en el pasado han sido juzgados por diversos delitos, que van desde lavado de dinero hasta homicidio.
También cinco diputados que han sido sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por actos de corrupción y que fueron aceptados para que busquen su reelección en el Congreso guatemalteco.
«En estas elecciones se juega la consolidación del statu quo y la aceleración hacia una dictadura formal», advirtió a EFE recientemente el politólogo Ricardo Saénz de Tejada, secundado de igual forma por el candidato presidencial Edmond Mulet, quien ve a Guatemala en camino a «convertirse en Nicaragua».
Las elecciones en Guatemala tendrán lugar el próximo domingo para definir al reemplazo de Giammattei para el período 2024-2028, con 9,3 millones de personas habilitadas para emitir su voto.
EFE / José Carlos Móvil
