Familiares y amigos del exteniente venezolano asesinado en Chile, Ronald Ojeda, participaron este lunes en un homenaje organizado por la Municipalidad de Independencia, el barrio de Santiago donde vivía el militar y donde fue secuestrado hace un año.
«Tenemos a veces sentimientos de culpa y de mucha tristeza porque podríamos haberle brindado más seguridad», dijo a los periodistas la hermana del exteniente, Mayra Ojeda.
Disidente del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile desde 2023, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por un grupo de hombres vestidos como agentes policiales chilenos.
Las cámaras del edificio captaron cómo lo sacaban en calzoncillos de su apartamento en Independencia y su cadáver fue hallado diez días después, sepultado debajo de un bloque de cemento, a las afueras de la capital.
Hasta ahora, han sido detenidos en Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos varios miembros de la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, pero aún se desconocen quiénes fueron los autores intelectuales y cuánto se pagó por un crimen que ha provocado un frontal enfrentamiento entre los Gobiernos de Chile y Caracas.
«Como familia estamos reviviendo esto que para nosotros es bastante difícil porque el año pasado, por estos días, lo estaban torturado y nosotros no sabíamos si estaba vivo o si estaba muerto», agregó la hermana de Ojeda.
La familia del exteniente ha defendido siempre la participación del Gobierno venezolano, una tesis que también sostiene el Ministerio Público y el Gobierno del presidente Gabriel Boric.
«Ojeda era necesario para manifestarle a todos los jóvenes disidentes que nadie estaba a salvo en ninguna parte, que iban a ser ejecutados allá donde estuvieran», indicó la semana pasada el abogado de la familia, Juan Carlos Martínez.
De 32 años, Ojeda era parte de un grupo de militares antichavistas autodenominado Movimiento por la Libertad y la Democracia, contrarios al «secuestro de las Fuerzas Armadas para una causa política» y que negaban la autoridad de Maduro como presidente y comandante en jefe, explicó Manríquez.
Fue arrestado por las autoridades venezolanas en abril de 2017 junto con otros tres militares, pero logró escapar.
Un año después, el régimen de Maduro publicó un decreto en el que degradó y expulsó sin juicio previo a 24 oficiales, entre ellos el propio Ojeda.
La Fiscalía chilena desveló a finales del pasado enero que un testigo señaló a Diosdado Cabello, actual ministro de Interior venezolano y mano derecha del presidente Nicolás Maduro, como la persona que encargó y pagó el crimen.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó el viernes que el país «cumplió plenamente» sus obligaciones de refugio político con el exmilitar, pero admitió que «lamentablemente eso no fue suficiente» para evitar el crimen.
