La Procuraduría de Colombia sancionó este martes con destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos al excanciller Álvaro Leyva Durán por violar los principios de la contratación estatal al declarar desierta en 2023 una licitación para la expedición de pasaportes.
«La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento adujo que la decisión que en su momento tomó el excanciller no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, y que la misma carecía de fundamento legal», informó la Procuraduría en un comunicado.
Leyva, de 82 años, es uno de los hombres más cercanos al presidente colombiano, Gustavo Petro, y fue su primer canciller, desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 15 de mayo de este año, cuando dejó el cargo después de una suspensión de tres meses por el caso de los pasaportes.
El Ministerio Público determinó en sus investigaciones que la determinación adoptada por Leyva «se basó en el hecho de que al proceso había concurrido un único oferente, lo cual no lo habilitaba para declarar desierta la licitación pública, dado que este cumplió con todos los requisitos definidos por la entidad en los pliegos de condiciones».
Por eso, el ente de control confirmó que Leyva incurrió en «falta gravísima a título de dolo al desconocer con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal».
Sin embargo, la Procuraduría absolvió al excanciller por haber declarado la urgencia manifiesta con ocasión de la fallida licitación pública para celebrar el contrato mediante la modalidad de contratación directa, y resaltó que este fallo puede ser apelado ante el despacho de la Procuradora colombiana.
«La Procuraduría ha tomado una decisión mezquina y ruinosa para los intereses públicos», dijo Leyva a periodistas, al cuestionar el fallo.
La defensa del excanciller anunció que apelará la decisión de la Procuraduría y advirtió presuntas irregularidades en la sanción disciplinaria.
Al contrato suspendido, firmado con Thomas Greg & Sons, le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 26 millones de dólares de hoy).
Al comienzo de la licitación se presentaron empresas como la encargada de los documentos oficiales para Francia o Perú, pero todas las compañías se retiraron alegando que no había garantías para competir por ese contrato.
