El presidente chileno, Gabriel Boric, se reunió este sábado con su embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, tras el llamado a consultas en protesta por unas recientes declaraciones del canciller venezolano, Yván Gil, en las que negaba la existencia de la organización criminal transregional “El tren de Aragua”.
El encuentro, que se produjo dos días después del llamado del mandatario y al que asistió también la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, en calidad de ministra subrogante, buscó «recabar información detallada» sobre la situación actual en el país caribeño y «evaluar todas las medidas para proteger los intereses y la seguridad» de Chile, según informó el propio Boric el jueves, cuando comunicó su decisión.
En el Palacio de La Moneda, el Presidente de la República @GabrielBoric junto a la ministra de Relaciones Exteriores (s), @GDeLaFue, se reunieron con el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri. pic.twitter.com/hI7oOF4iax
— Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) April 13, 2024
El jefe de Estado, que se ha distanciado del régimen chavist en varias ocasiones y públicamente, dijo entonces que negar una realidad que considera tangible y acreditada “no es una opción”, y calificó de “irresponsables” las palabras de Gil sobre «El tren de Aragua», una organización que nació en las cárceles de Venezuela y que ahora tiene tentáculos en el norte de Chile y su capital.
El avance de los acontecimientos provocaron que la tarde del viernes Yván Gil corrigiera sus palabras y admitiera en su cuenta de X la existencia de la organización criminal, a pesar de su primera declaración.
En su mensaje señaló que la policía del país caribeño «ha acabado con la banda criminal del ‘Tren de Aragua’ en Venezuela», una afirmación que horas antes había pronunciado el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, alejándose así de la primera declaración del canciller venezolano.
El llamado a consultas del embajador chileno en Venezuela ocurre en medio de otra polémica con Caracas relacionada con el homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero pasado en Santiago y cuya autoría y circunstancias aún no se han esclarecido.
La controversia gatilló el jueves cuando el fiscal chileno a cargo del caso, Héctor Barros, en un programa de la televisión apuntó que la hipótesis que se maneja desde el principio es que fue un acto político orquestado desde el país centroamericano, aunque evitó responder si podría ser obra del crimen organizado o de algún servicio de contrainteligencia conectado con Venezuela.
Varias autoridades chilenas, entre ellas el presidente, insistieron el viernes, tras las declaraciones de Barros, en que «la colaboración internacional es determinante” para la investigación y «exigieron» a Venezuela su cooperación para buscar y poner a disposición de la Justicia a los sospechosos del crimen.
Horas después, el fiscal general venezolano aseguró que está buscando a los dos ciudadanos venezolanos señalados como involucrados y, más tarde, el canciller del país caribeño comprometió «la colaboración absoluta de parte de Venezuela» para hacer justicia por la muerte del exmilitar.
De acuerdo a lo conocido hasta ahora, Ojeda habría sido sacado de su casa la noche del 21 de febrero, casi desnudo, por un grupo de personas vestidas con uniformes de la Policía y conducido hacia un lugar desconocido.
Su cuerpo fue hallado en una comuna del sur de Santiago días después, debajo de un bloque de cemento, a unos 1,4 metros de profundidad. EFE
