La orden del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados y a algunos extranjeros con estadía legal en EE.UU. enfrenta grandes retos, pero también podría ser a largo plazo el primer impulso para cambiar la Constitución con ayuda de un Tribunal Supremo ultraconservador.
El decreto, que cuestiona que la Enmienda 14 de la Constitución extienda automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida en el país, es «una violación de los derechos constitucionales de los inmigrantes», señaló Iván Espinosa-Madrigal, de Abogados Defensores de los Derechos Civiles.
El grupo hace parte de los demandantes de la medida, como también lo han hecho 22 estados, al considerar que «viola derechos fundamentales establecidos por la Constitución». El jueves, el decreto sufrió el primer revés, de un juez federal de Seattle, que lo consideró «claramente inconstitucional».
Oscar Chacón, de Alianza Américas, recordó que la iniciativa no es nueva ya que desde finales de la década de 1970 se discute en Washington «quién debe ser estadounidense».
«Trump es hoy la cabeza de un movimiento nacional con una historia muy larga, que ha resentido siempre la noción de que personas que no sean blancas, anglo y protestantes, puedan ser parte de nosotros», se lamentó Chacón.
Migrantes con documentos, también en la mira
La orden incluye también a los bebés nacidos de residentes temporales en Estados Unidos con documentos migratorios legales.
Dice que se denegará ese derecho a los bebés nacidos de padres que no sean ciudadanos o residentes permanentes con tarjeta verde, incluidas las mujeres que estén «de visita con un visado de estudiante, trabajo o turista» si el padre no es ciudadano o residente permanente legal.
En ese caso «ningún departamento o agencia del gobierno de Estados Unidos expedirá documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense», dice el documento.
Si los tribunales no bloquean definitivamente la orden, los bebés nacidos de mujeres que viven legal, pero temporalmente, en Estados Unidos -como las personas que estudian con un visado de estudiante o las trabajadoras contratadas por empresas de alta tecnología- no serán reconocidos automáticamente por el gobierno federal como ciudadanos estadounidenses si el padre tampoco es residente permanente.
Ratificada en 1868, después de la Guerra Civil, la Enmienda 14 señala que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen». Ello incluye, por ejemplo, a extranjeros con visa de turistas.
Trump, sin embargo, cuestiona la interpretación de la enmienda y dice que deben existir normas más estrictas para convertirse en ciudadano.
El desafío de enmendar la Constitución
Ningún presidente puede modificar por decreto un derecho consagrado en la Constitución, pero Trump podría intentar una reforma que implicaría un proceso largo y engorroso con mucha pelea en las cortes.
Una enmienda constitucional requiere el respaldo de dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado o ser propuesta por una Convención Constitucional convocada por dos tercios de cada legislatura estatal.
Al poner el tema sobre la mesa, el presidente «quiere iniciar, más que culminar», un proceso que puede llevar a un debate jurídico que podría llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y «el riesgo es muy grande», dice Chacón.
«La integración actual de la corte está muy inclinada a favor de lo que representan Donald Trump y las fuerzas ultra retrógradas que están detrás de su presidencia», argumentó Chacón.
La interpretación de Trump de la Constitución
En el camino, Trump no está tratando de cambiar la Constitución, quiere cambiar la interpretación de la Constitución y negar la documentación relacionada con la ciudadanía a los niños, explicó Espinosa-Madrigal.
Subrayó que pretende cambiar el acceso a la documentación relacionada con la ciudadanía, de manera administrativa.
Como resultado, las agencias estatales deberán comprobar el estatus migratorio de los padres e incluir esa información en los certificados de nacimiento. Cuando estos soliciten los pasaportes, el gobierno federal podría determinar qué bebés reúnen los requisitos para la ciudadanía automática.
La orden ejecutiva indica que todas las agencias federales estarán obligadas a confirmar el estatus migratorio de los padres de un bebé, antes de expedir documentos como el pasaporte.
Actualmente, la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos se documenta con un certificado de nacimiento expedido por el gobierno estatal o territorial, donde se confirma dónde y cuándo tuvo lugar el nacimiento. Este certificado no incluye ninguna información sobre el estatus migratorio de los padres.
Luego, cuando se solicita un pasaporte para el bebé, el certificado de nacimiento es suficiente para demostrar la ciudadanía.
