El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es la agencia de EE.UU. encargada de la identificar, detener y deportar migrantes, así como de investigar delitos como trata de personas o contrabando trasnacional.
Se creó en 2003 en virtud de la Ley de Seguridad Nacional que fusionó las antiguas agencias de inmigración y aduanas tras los atentados del 11 de septiembre.
Tras la llegada de Donal Trump a la Casa Blanca para su segundo mandato, se ha convertido en la agencia federal que más ha crecido al triplicarse su presupuesto anual (ha pasado de unos 8.000 millones de dólares anuales a cerca de 30.000) especialmente para un programa acelerado de contratación y formación de agentes de migración.
Con esa inyección presupuestaria, la Inmigration and Customs Enforcement (ICE) ha llegado a una plantilla de más de 22.000 personas -ha duplicado sus efectivos- que trabajan en 400 oficinas dentro y fuera de EE.UU. incluyendo oficiales de deportación, agentes especiales, analistas y otro personal.
De acuerdo con su página web, el ICE tiene como principal misión fortalecer la seguridad fronteriza y prevenir el movimiento ilegal de personas, bienes y fondos hacia Estados Unidos y fuera del país, así como prevenir y combatir el terrorismo y el crimen trasnacional «en casa y en el extranjero».
Desde su creación, el ICE ha acumulado numerosas críticas y denuncias por discriminación y racismo que se han disparado desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, que lo ha convertido en la herramienta fundamental de su política de deportaciones masivas.
Los agentes de migración han protagonizado redadas masivas ordenadas por el presidente Trump en algunas de las denominadas ‘ciudades santuario’, gobernadas por dirigentes demócratas y tradicionalmente garantes de los derechos de los migrantes.
Además del aumento de efectivos para las redadas en comercios, asociaciones y centros de trabajo, el ICE se beneficia de una interpretación más restrictiva de los derechos de los migrantes que permite a los agentes detenciones y deportaciones sin control judicial.
EFE
