El Gobierno estadounidense confirmó en una nota enviada a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) las condiciones de «abuso persistente» por parte del personal penitenciario que se detectaron durante una investigación en el polémico Centro de Detención del condado de Baker (BCDC), en el extremo noroeste de Florida.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) confirmó «patrones constantes de abuso verbal, discriminación racial, represalias y acoso» a los detenidos por parte del personal de las instalaciones penitenciarias, señaló este lunes la ACLU de Florida en un comunicado.
Según esta organización que vela por las libertades y derechos individuales, la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del DHS reconoce que a lo largo de sus investigaciones ha encontrado hallazgos preocupantes respecto de «la salud y el bienestar de las personas detenidas» en Baker.
La CRCL indicó en un informe de octubre de 2022 que «las nuevas acusaciones» mostraban patrones consistentes identificadas anteriormente: abuso verbal y emocional por parte del personal de la instalación», además de «discriminación racial, importantes problemas de acceso al idioma y barreras continuas para acceso legal».
Y recomendaba que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. que «tomase una serie de acciones inmediatas» para solucionar los problemas arriba citados.
Las quejas sobre supuesto maltrato y abuso de los internos en este centro de detención se han ido acumulando en los últimos años, hasta el punto que en noviembre de 2023 un grupo de inmigrantes indocumentados inició una huelga de hambre.
La ACLU de Florida había presentado en 2023 una solicitud al DHS para obtener información sobre los resultados de sus investigaciones del centro de detención citado, aunque esta organización era consciente «desde hace mucho tiempo de que las personas sufrían allí (en Baker) una amplia gama de abusos».
De hecho, el grupo de inmigrantes que se declaró en huelga de hambre en 2023 lo hizo por «las amenazas de confinamiento solitario» y la escasa alimentación que reciben, con comidas que consisten solo en «una cucharada de carne, frijoles y zanahorias».
La ACLU de Florida había remitido ese mismo mes una carta al ICE en la que solicitaba a esta agencia federal que llevara a cabo una investigación y tomase medidas correctivas.
Además, cuando algunos inmigrantes reclamaron una cantidad suficiente de alimentos y amenazaron con iniciar una huelga de hambre, de no cambiar la situación en el comedor, «los funcionarios de Baker supuestamente tomaron represalias amenazando con el confinamiento solitario».
«Durante años, la ACLU de Florida ha estado investigando las atroces violaciones de derechos humanos que el personal de Baker está cometiendo repetidamente contra las personas bajo su cuidado», dijo en el comunicado Amy Godshall, del equipo legal de la ACLU de Florida.
«Personalmente, he pasado innumerables horas hablando con personas detenidas por ICE y actualmente en Baker sobre las condiciones de su confinamiento, y se puede escuchar la desesperación en sus voces», resaltó Godshall.
Las investigaciones del CRCL describe, según la ACLU, «las condiciones y la forma» en que los guardias tratan a los reclusos, «como una guerra psicológica destinada a lograr que se autodeporten».
«La detención de ICE es una detención civil que no se supone que sea punitiva», pero en realidad, en Baker, sí lo es, afirmó la ACLU, y añadió que, si bien aprecian «la atención del CRCL a este asunto», el ICE debe «dejar de tolerar estos abusos atroces y continuos». EFE
