La dictadura de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este martes otras dos universidades privadas nicaragüenses, con lo que suman 21 las ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero, y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles.
Los nuevos centros de estudios cancelados son la Universidad Panamericana de Nicaragua (UPAN) y la Universidad del Pacífico (UNIP), ambas registradas como asociaciones, según un acuerdo del Ministerio de Gobernación, publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.
La cartera de Gobernación, que es la encargada del control y registro de las ONG, explicó que disolvieron ambas universidades a petición del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), que concluyeron que los centros de estudios supuestamente «falsearon información de oferta académica».
El Ministerio de Gobernación ordenó a las autoridades de las dos universidades canceladas entregar de forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de Universidades la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico.
Asimismo, informó que el CNU procederá a reubicar a los estudiantes matriculados actualmente en el territorio nicaragüense en universidades que se encuentren acreditadas en el país.
Además, ordenó a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de los centros de estudios afectados a nombre del Estado de Nicaragua.
La Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría sandinista y a petición del Ejecutivo, ha ilegalizado 14 centros de estudios superiores por petición del Ejecutivo desde diciembre de 2021.
Los otros siete centros de estudios han sido disueltos por el Ministerio de Gobernación.
En febrero del año pasado, el Parlamento creó tres nuevos centros de educación superior con los documentos e infraestructura ocupadas a seis universidades privadas ilegalizadas, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un bastión de las protestas antigubernamentales entre abril y junio de 2018.
EFE
