El defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, presentó este martes una denuncia penal por más de 400 supuestos casos de violación ocurridos en la selva del Darién, la frontera natural entre el país centroamericano y Colombia, que cruzan miles de migrantes irregulares en su viaje hacia Norteamérica.
La denuncia penal fue presentada por Leblanc ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía) «contra los presuntos responsables, luego de inspeccionar y recibir más de 400 informes de supuestas violaciones carnales, delitos sexuales, que ocurren en la selva colombo-panameña, y eso es importante, selva colombo-panameña, porque no podemos decir que ocurren todas en el Darién» panameño, declaró el funcionario a los periodistas.
En un comunicado, la Defensoría del Pueblo indicó este martes que ya había procedido a la apertura de investigación de oficio «en contra del Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad Pública y Médicos Sin Fronteras, en la cual se solicitaron informes (sobre los casos de supuestas violaciones a migrantes) a estas entidades mediante Oficios».
Explicó que Médicos Sin Fronteras (MSF) redactó informes sobre casos de presuntas violaciones a migrantes irregulares entre abril de 2023 y hasta que cesaron sus operaciones en la frontera del Darién, dijo el titular de la Defensoría del Pueblo.
Las actividades de MSF en la frontera del Darién fueron suspendidas por el Gobierno panameño a inicios de marzo pasado, luego de vencerse un convenio bilateral y de que la ONG denunciara un aumento exponencial de las violaciones a migrantes en la selva.
Se trata «de más de 400 supuestas víctimas de vulneración, violación, tocamiento y otros delitos que ocurren en la selva colombo-panameña», dijo Leblanc.
«MSF fue reportando desde abril hasta el momento en que se fue, sin embargo, no lo fue reportando periódicamente sino que entregó por paquetes al Ministerio de Salud» la información, según explicó el ombudsman panameño.
Explicó que «muchos de los formularios» con los casos de supuestas violaciones «no tiene el nombre de identificación de la víctima», pero ofrecen un «pantallazo» de que hay «alguna actividad criminal, es decir, crimen organizado» involucrado, que «puede que no arranque desde Panamá, que venga desde Ecuador, Colombia, de otras latitudes».
La Defensoría del Pueblo mantiene la investigación con relación a los derechos humanos, «pero ahora va a arrancar una investigación penal para que verifique si hay un crimen organizado, si también está ocurriendo con nacionales, mujeres y hombres», afirmó Leblanc.
Más de 520.000 personas en movilidad, un 20 % de ellas menores de edad y adolescentes, llegaron en 2023 a Panamá tras cruzar la selva, una cifra sin comparación.
La magnitud del flujo migratorio, con más de 160.000 personas que han transitado por la jungla en lo que va del año, hace temer que este 2024 puedan llegar a 800.000 los viajeros irregulares en tránsito que lleguen a Panamá, como alertó Unicef.
Panamá recibe a los migrantes en unas estaciones con presencia de una decena de organismos internacionales, donde toma sus datos biométricos – las estadísticas arrojan que la gran mayoría son venezolanos – y les ofrece asistencia sanitaria y alimentación antes de embarcarlos en buses, que sufragan los propios viajeros, que los llevan hasta la vecina Costa Rica para que sigan su camino hacia Norteamérica.
En este contexto hay denuncias de violaciones a los migrantes, incluidas mujeres y niñas, a manos de grupos de criminales, así como robos y asesinatos.
El director del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá, Jorge Gobea, dijo en abril pasado que el colombiano «Clan del Golfo es el encargado de organizar el flujo migratorio» por el Darién y que en asociación «con panameños, con latinos, con indígenas y con colombianos intentan abrir rutas por el territorio panameño tratando de movilizar migrantes, explotándolos y llevándolos, creando campamentos clandestinos». EFE
