Cuba celebrará el próximo domingo elecciones para renovar su máximo órgano legislativo, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), un proceso en el que sólo se presentan candidatos del Partido Comunista Cubano (PCC), pues es la única organización política legal en la isla.
8 millones de cubanos están llamados a participar en este proceso, del cual saldrá la ANPP que designará al nuevo presidente del país, para lo cual se prevé que sea ratificado el dictador Miguel Díaz-Canel.
Dicha Asamblea Nacional, copado por miembros del PCC y sus juventudes, no tiene relevancia alguna ya que en la mayoría de los casos aprueba por unanimidad las iniciativas legislativas que le traslada el régimen.
En estas supuestas elecciones se presentan como candidatos 470 personas -para 470 puestos-, casi todos del PCC u organizaciones afines.
Los candidatos son propuestos por las llamadas organizaciones de masas -colectivos paraestatales en la órbita del partido- y aprobados por las Asambleas Municipales del Poder Popular, compuestas mayoritariamente por militantes comunistas.
Por lo tanto, no se trata propiamente de una elección, sino más bien es un proceso parecido a un referendo o un plebiscito, en el que el régimen presenta a los ciudadanos una propuesta cerrada.
Ante las críticas por el hecho de que haya el mismo número de postulantes que de puestos, jerarcas de la dictadura argumentan que «el candidato compite contra sí mismo» y que «tiene que ganarse la legitimidad del pueblo», en relación al requisito legal de lograr el 50 % de los votos válidos.
Boicot con la abstención
En este contexto, la participación va a ser clave. Tras cifras de abstención por debajo del 10 % entre 1976 y 2013, la tasa se elevó hasta el 14 % en las parlamentarias de 2018. En el referendo del Código de las Familias en septiembre pasado rozó el 26 % y en las municipales de noviembre la abstención se elevó hasta el 31 %.
Distintas plataformas de activistas y opositores han llamado a través de las redes sociales a no votar, como señal de rechazo al proceso electoral en particular y al sistema político en la isla en general.
Para el opositor Manuel Cuesta Morúa «sería un éxito» para la disidencia «si la abstención superara el 40 %».
Según explicó a EFE, sería un torpedo en la «línea de flotación de la legitimidad» del sistema porque considera que en gran medida se trata de «abstención ideológica», una opción política activa.
A su juicio, una elevada abstención aceleraría la «presión de sectores del Gobierno sin mucho poder» que son «conscientes de la necesidad de hacer reformas«, principalmente económicas, además de debilitar la «capacidad punitiva del Estado» y dar a muchos descontentos un «sentimiento de fuerza social».
Peña, que recuerda que la abstención asciende desde 2008, destaca que una baja participación tendría implicaciones en términos de «legitimidad» del sistema y de su «capacidad de movilización».
«La abstención hay que leerla en Cuba de otra forma que en otros sitios, porque aquí no hay alternativas ni competencia», explica.
Con información de EFE
