La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció este martes que no será candidata presidencial ni a senadora en las elecciones de 2023, luego de haber sido condenada por corrupción.
«No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta, a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada con inhabilitación perpetua por administración fraudulenta», dijo durante un discurso a través de sus redes sociales.
«¡No voy a ser candidata! El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta (…) No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta», añadió.
Este martes, el Tribunal Federal 2, integrado por los jueces Carlos Gorini, Andrés Bassi y Rodrigo Giménez Uriburu, condenó a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad «por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
El fiscal acusador, Diego Luciani, había pedido una condena de 12 años de prisión, al señalarla también por asociación ilícita. Sin embargo, los jueces desestimaron este cargo.
A pesar del fallo, la condena estará en suspenso ya que aún no se trata de una sentencia definitivamente firme, por lo que Cristina Kirchner podría presentarse en una nueva elección.
Dentro de 40 días, el Tribunal publicará los fundamentos de su decisión y a partir de ese momento la defensa de Fernández de Kirchner podrá apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal, y luego ante la Corte Suprema de Justicia.
En el juicio fueron evaluadas 51 obras viales, de contratos otorgados a Lázaro Báez, el socio de Néstor Kirchner, de las cuales 24 quedaron abandonadas. La Fiscalía denunció que hubo sobreprecio e incumplimiento de plazos y estimó en 1.000 millones de dólares el daño al patrimonio del Estado.
Las primeras denuncias por estos hechos de corrupción se presentaron en el año 2004 y no fue hasta 2008 cuando la Fiscalía abrió una investigación, y en 2019 inició el juicio.
