La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las restricciones a derechos fundamentales en Perú ante las protestas antigubernamentales, y los hechos de violencia registrados en las mismas.
En un comunicado, la CIDH instó al Estado peruano a respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que participan de las movilizaciones y de quienes no lo hacen.
«Urge a redoblar los esfuerzos para promover diálogos con todos los sectores sociales para atender las causas de las protestas», sentenció la Comisión.
Ante la declaración de Estado de Emergencia por parte del presidente Pedro Castillo, y toque de queda impuesto por varias horas en Lima y Callao, la CIDH hizo hincapié sobre «lo inadecuado y peligroso que puede resultar decretar estados de excepción para hacer frente a situaciones de alta conflictividad social« y advirtió sobre «los riesgos de violaciones de derechos humanos en estos contextos».
Además, indicó que dichas medidas «no representan respuestas sostenibles y eficaces para enfrentar y resolver desafíos democráticos».
La CIDH reiteró que «la protesta social es un derecho esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas, por lo que es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana. Es deber del Estado respetar, proteger, facilitar y garantizar la protesta social, tomando en consideración que el hecho de que algunas personas participen en actos de violencia, per se, no hace ilegítima toda la protesta. Del mismo modo, corresponde al Estado otorgar a la prensa las máximas garantías para que puedan cubrir de forma libre y segura hechos de interés público como las manifestaciones sociales».
