Al menos 65 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en el primer semestre de 2024 , según un informe publicado este viernes por la ONG Somos Defensores, que señala «un cambio en las dinámicas de las agresiones, marcado por la disminución en el número de hechos violentos confirmados en comparación con el mismo periodo del año 2023».
Esta disminución se podría explicar, según la ONG, por dos hipótesis: que los grupos armados, al tener ya mayor control territorial, hayan pasado de acciones violentas al control social; y/o a que cuando hay más presencia de grupos armados hay más silenciamiento de la población y por ello un subregistro de las agresiones.
«La guerra sigue presente e, incluso, mucho más fortalecida en casi todos los departamentos del país. Hay un claro deterioro en la situación humanitaria, se identifica un fortalecimiento de los grupos armados ilegales», expone el informe, titulado ‘Telegrama’, pues se esboza como una carta urgente al Gobierno.
Los números
La teoría del subregistro puede cobrar fuerza porque el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabilizó en el mismo periodo 97 asesinatos, mientras que la Defensoría del Pueblo registró 166 de enero a agosto.
«Detrás de lo que parecen ser números realmente se encuentran vidas, muchas de ellas que ya no están porque la violencia se las arrebató a sus procesos, familias y comunidades, y muchas otras en un alto riesgo frente al fortalecimiento de los actores armados y la falta de estrategias efectivas por parte del Estado para dar garantías», indica el informe.
Casos como el de Carmelina Yule, una líder indígena asesinada en marzo por la columna Dagoberto Ramos del ahora fracturado Estado Mayor Central (EMC) cuando buscaba a un menor reclutado por esta disidencia de las FARC en el departamento del Cauca (suroeste).
Además, ha aumentado el reclutamiento forzado de menores, con 159 casos en el primer semestre de 2024, según datos de la Defensoría del Pueblo, pertenecientes en más de la mitad de los casos a comunidades indígenas.
Entre tanto, los confinamientos aumentaron el 101 % con casi 32.000 víctimas en los cinco primeros meses de 2024.
Poca expectativa de paz
Aunque parezca que hay una disminución numérica de la violencia, la realidad es que el conflicto ya afecta a todos los departamentos colombianos, como antes de la firma del acuerdo de paz con las FARC, el 24 de noviembre de 2016.
Por ejemplo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, o Clan del Golfo), el mayor grupo criminal, pasó de tener presencia en 213 municipios en 2019 a 392 en 2024 (el 35 % del territorio nacional).
El Clan del Golfo es también, según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, el grupo que ha realizado mayores acciones armadas (256 entre 2023 y mayo de 2024), entre combates, ataques a la fuerza pública y a la población civil.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pese a estar en negociaciones de paz con el Gobierno desde noviembre de 2022, pasó de estar en 149 municipios a 232 en seis años.
«El fortalecimiento de este grupo es innegable, entre 2016 y 2024 ha ampliado su presencia territorial, con un crecimiento constante desde el 2020», valoró Somos Defensores.
Este panorama se da mientras el Gobierno tiene abiertos nueve procesos de paz con grupos armados y bandas criminales, de los cuales cinco están activos, tres en fase inicial y uno congelado (el del ELN).
«A poco menos de dos años de que termine el gobierno de Gustavo Petro la sociedad civil tiene una gran expectativa sobre el destino de los diferentes procesos abiertos», apunta Somos Defensores, que considera «contradictorio» que los grupos hablen de voluntad de paz cuando siguen extendiéndose en el país, «agrediendo civiles y usando la violencia selectiva como estrategia para el control social». EFE
