El expresidente peruano Pedro Castillo intentó dar un autogolpe de Estado el pasado 7 de diciembre al sentir que iba a ser destituido por el Congreso y como una «última carta» cuando ya «había perdido la partida», admitió en entrevista con la agencia EFE su abogado Wilfredo Robles.
«En la última ocasión que tuvo, porque el presidente Pedro Castillo se sentía seguro que (el Congreso) sí tenía los votos para vacarlo (destituirlo). No es cierto esa narrativa de que ‘¿por qué hizo esto si no existían los votos suficientes?'», aseguró Robles.
El letrado reconoce que el expresidente anunció el cierre del Congreso sin que éste le hubiera negado dos veces la confianza, tal y como establece la Constitución, razón por la que la orden dictada por el entonces mandatario es calificada como un intento de golpe de Estado, pero considera «preocupante» la orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra.
Su mensaje del 7 de diciembre, sostiene el abogado, «carecía de cualquier efecto», porque no había sido aprobado en ningún Consejo de Ministros ni publicado en el diario oficial El Peruano, la fórmula habitual para cualquier acto legal en el país andino, pese a que, como sostiene la acusación, sus órdenes eran inconstitucionales al constituir un intento de autogolpe.
«Era un acto ineficaz, carente de toda formalidad y de imposible ejecución», insiste Robles, quien estuvo preso 11 años por terrorismo y luego -asegura- fue absuelto.
Entonces, ¿por qué lo hizo? «Fue un acto político, un acto de reivindicación de cuestiones que le exigía la población», argumenta el abogado.
A través de una cincuentena de apelaciones, amparos y otros recursos, Castillo ha insistido en reiteradas ocasiones en su pedido para que el Poder Judicial le anule la cárcel preventiva y el proceso por rebelión, bajo el argumento de que el Parlamento y la Fiscalía no respetaron su derecho al antejuicio y de que el delito por el que lo acusan implica un alzamiento armado que, en su caso, no hubo.
«El hecho de que Pedro Castillo haya aparecido en la televisión leyendo un mensaje no califica para nadie como alzamiento armado», comenta Robles, antes de denunciar una suerte de complot «entre el Congreso, la Fiscalía y los jueces» que, según dice, están «aplicando una consigna política».
EFE
