La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad, integrada por las organizaciones Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza, envió su tercera comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) con 32 nuevos casos de víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad en los que no ha habido una actuación genuina por parte de los órganos jurisdiccionales venezolanos.
Para esta tercera comunicación se utilizaron fuentes primarias, como son testimonios de víctimas directas y también se identifican algunos “casos testigo” que sirven para evidenciar no solamente los crímenes de lesa humanidad cometidos, sino la falta de investigación y sanción en Venezuela a los máximos responsables.
Los patrones de los casos documentados coinciden con los señalados en el informe de 2018 del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, así como en los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Se trata de un patrón ataque y persecución a defensores, activistas y disidentes políticos practicado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y las policías estadales, además, en ocasiones, por los denominados “colectivos”, a saber, grupos de civiles armados progobierno.
Además, los casos registran una constante actuación contra la disidencia política a través de detenciones arbitrarias en su mayoría con el uso de la violencia y amenazas por parte de funcionarios sin uniforme, sin credenciales y algunas veces encapuchados que se identificaban como parte de alguno de los cuerpos de seguridad del Estado.
Los testimonios recogidos en esta tercera comunicación permiten concluir que existe un patrón de indefensión, pues muchas víctimas afirman que pasaron días incomunicadas, sin saber su ubicación, sin ver a sus familiares, sin recibir asistencia legal ni ser debidamente informadas del motivo de su detención o cargos imputados. Además fueron sometidas a interrogatorios degradantes y a procedimientos judiciales irregulares en su contra habiendo sido privados de los derechos más elementales.
Las víctimas relataron que algunos métodos de tortura que sufrieron fueron asfixias con bombas lacrimógenas, algunas veces frotadas directamente en los ojos, nariz y oídos; sometimiento a posiciones de estrés, como ser colgados de manos o arrodillados sobre alcantarillas; golpes en diversas partes del cuerpo; pisotones en los dedos con botas militares o martillazos; tortura psicológica como amenazas a familiares; sometimiento a condiciones de detención extremadamente precarias, hacinamiento, suciedad, condiciones insalubres; privación de bebida y alimentos, entre otras condiciones.
La Red-CLH considera que los mecanismos de protección internacional son cada vez más requeridos para satisfacer las demandas de justicia y reparación, y por ello insiste en que no debe quedar un solo caso sin documentar, pues sólo a través de este proceso se podrá poner fin a la impunidad.
En diciembre de 2021 y abril de 2022, la Red-CLH envió las primeras dos comunicaciones a la Fiscalía de la CPI con 50 casos de víctimas de graves violaciones de derechos humanos que se configuran como delitos de lesa humanidad, a los que se suman estos nuevos 32 casos.
