El gobernador chavista del estado Carabobo, Rafael Lacava, demandó por supuesta «difamación agravada y continuada» a los defensores de derechos humanos Marino Alvarado, de PROVEA, y el padre Alfredo Infante, del Centro Gumilla, por denunciar las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía regional.
El Tribunal de Primera Instancia en función de juicio del estado Carabobo emitió el pasado viernes 13 de mayo las boletas mediante las cuales notifica a Alvarado e Infante que admitió la acusación privada presentada por los abogados Eliezer Miguel Guacuto Ríos y Carlos Alberto Bonilla Álvarez en representación del gobernador Lacava.
Los defensores de derechos humanos son acusados de «la comisión del delito de difamación agravada y continuada, previsto y sancionado» en el Código Penal.
La demanda se produce luego de que el pasado mes de marzo, durante la presentación del informe Lupa por la Vida, Alvarado e Infante denunciaran que la Policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales documentadas durante el año 2021, por lo que solicitaron que se investigue al gobernador Rafael Lacava.
“La policía del Estado Carabobo es de las más letales en Venezuela con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se debe investigar al gobernador Rafael Lacava” Marino Alvarado desde presentación Informe 2021 #LupaPorLaVida https://t.co/dG36m4FDOk
— PROVEA (@_Provea) March 14, 2022
1.414 ejecuciones extrajudiciales registraron ONG en Venezuela durante el 2021
