El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA) celebró este viernes el anuncio de la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.
«Esperamos que esta oficina tenga un mandato suficientemente robusto con el personal para poder atender todas las diferentes situaciones y que se generen mecanismos de protección para todas las personas que colaboren con esa oficina de la CPI dentro de nuestro país, para evitar las represalias, los ataques, la criminalización de las víctimas y las organizaciones que cooperemos con ella», dijo el coordinador de PROVEA, Rafael Uzcátegui.
El defensor de derechos humanos destacó que esto «es un logro especialmente de las víctimas y de los familiares que han brindado su testimonio a pesar de las amenazas, el temor y las represalias. Pero también del liderazgo social y político que hemos acudido a las instancias internacionales de protección ante la ausencia de justicia en nuestro país».
En este sentido, consideró que esta decisión ratifica «una vez más que dentro de Venezuela el Estado no tiene ni la voluntad ni la capacidad para generar por sí mismo mecanismos de investigación, justicia y no repetición de los hechos».
Uzcátegui dijo que espera que la oficina de la CPI se convierta en un «mecanismo de disuasión frente a los abusos de poder», como ha ocurrido con los delegados del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que están presentes en Caracas.
«Desde las ONG vamos a seguir exigiendo que se permita también la visita a Venezuela de otras importantes instituciones, como la Misión de Determinación de Hechos, la CIDH o los relatores de la ONU«, concluyó.
