El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes la resolución por medio de la cual renueva por dos años más los mandatos de la Oficina del Alto Comisionado y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El proyecto de resolución, identificado como L.41, fue presentado con el patrocinio de 48 países, y contó con 19 votos a favor, 23 abstenciones y 5 votos en contra.
Los puntos más destacados son:
Condena a crímenes
La resolución expresa una «condena enérgicamente todas las vulneraciones y transgresiones del derecho internacional de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, algunas de las cuales, según la misión internacional independiente de determinación de los hechos, pueden constituir crímenes de lesa humanidad».
Aplicar recomendaciones
El documento también insta al régimen de Nicolás Maduro a que aplique «de forma plena e inmediata» las recomendaciones recogidas en los recientes informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la misión internacional independiente de determinación de los hechos, y lamenta que la mayoría de las recomendaciones formuladas en sus informes anteriores no se hayan aplicado.
Falta de independencia judicial
El Consejo manifestó su «profunda preocupación porque la continua erosión del estado de derecho, la inseguridad de la permanencia en los cargos, la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces y fiscales, la precariedad de las condiciones de trabajo y las injerencias políticas, incluido el reciente nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo».
Advierten que estos magistrados «carecen de independencia, siguen socavando la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos, inciden en el acceso de las víctimas a la justicia y obstaculizan la celebración de elecciones libres y limpias».
Persecución política
La resolución «condena enérgicamente los actos generalizados de represión y persecución selectivas por motivos políticos, como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, cometidos por las fuerzas de seguridad e inteligencia, así como la injerencia en la autonomía y la composición de diversos partidos políticos, y deplora las actuales restricciones del espacio cívico y democrático».
Mujeres y niñas
El proyecto adoptado también pone en relieve la perspectiva de género de laos abusos cometidos en Venezuela e al régimen de Maduro a que «adopte medidas adecuadas para hacer frente a las violaciones y transgresiones de los derechos humanos denunciadas, tales como actos de violencia y acoso, incluidos actos de violencia sexual y de género, cometidos contra las mujeres y las niñas detenidas».
Presos políticos
Insta también al régimen de Maduro a que libere inmediatamente a todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria, dando prioridad a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Arco Minero del Orinoco
La resolución expresa también «profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y el medio ambiente en la región del Arco Minero del Orinoco, en donde existe explotación laboral de los mineros, así como trabajo infantil y trata de personas, y expresa especial preocupación por las violaciones y transgresiones de los derechos de los pueblos indígenas de la región».
Elecciones libres e imparciales
Asimismo, el acuerdo aprobado exhorta a los partidos venezolanos «a que pongan en marcha sin demora o apoyen un proceso que posibilite la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres e imparciales, con un Consejo Nacional Electoral independiente y un Tribunal Supremo imparcial e independiente, así como la plena libertad de prensa y la participación política sin trabas de todos los venezolanos y todos los partidos políticos, sin temor a consecuencias o injerencias, respetando las normas internacionales y los derechos civiles y políticos».
Plena cooperación
Por último, el Consejo de la ONU insta a las autoridades venezolanas a que cooperen «plenamente» con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la misión internacional independiente de determinación de los hechos, que «les concedan acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país, también a las víctimas y los lugares de reclusión, les proporcionen toda la información necesaria para cumplir sus mandatos y velen por que todas las personas puedan acceder sin trabas a las Naciones Unidas y otras entidades de derechos humanos y comunicarse con ellas sin temor a represalias, intimidación o ataques».
