Human Rights Watch. denunció que el régimen venezolano acosa y persigue penalmente a organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo la tarea esencial de responder a la emergencia humanitaria en el país.
Desde noviembre de 2020, las autoridades venezolanas que responden a Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña sistemática contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en el país, que ha incluido congelar sus cuentas bancarias, emitir órdenes de detención y allanar sus oficinas, además de detener a algunos de sus miembros para interrogarlos. A su vez, las autoridades bancarias están aplicando restricciones que limitan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, y el gobierno no ha brindado los permisos necesarios para que personal internacional pueda ingresar en Venezuela a algunas de las principales organizaciones humanitarias.
“Las autoridades venezolanas han dejado en evidencia que les interesa más reprimir al pueblo que ayudarlo al bloquear el trabajo de las organizaciones humanitarias en un contexto de emergencia humanitaria, en el cual niños y niñas pasan hambre y los pacientes con Covid-19 necesitan recibir tratamiento adecuado”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La comunidad internacional debe instar categórica y urgentemente a las autoridades venezolanas a que permitan que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos venezolanas e internacionales lleven a cabo sus actividades para evitar que se sigan perdiendo vidas”.
El derecho internacional de los derechos humanos también obliga a las autoridades venezolanas a respetar, promover y asegurar los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela, lo cual incluye el derecho a un estándar de vida adecuado, a la alimentación y al más alto nivel de salud posible.
