A pocas horas de abandonar el cargo, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, informó que la decisión final sobre la posible apertura de una investigación formal en el caso de Venezuela quedará en manos de su sucesor, Karim Asad Ahmad Khan, quien prestará juramento este 16 de junio en la sede del Tribunal en La Haya.
En su informe de cierre de gestión, Bensouda explicó que dadas las acciones emprendidas por el régimen de Nicolás Maduro ante la Sala de Cuestiones Preliminares para ejercer control sobre el examen preliminar de Venezuela, se demoró la presentación de sus conclusiones.
«Había llegado a una determinación final sobre la examen, y nos habíamos estado preparando para anunciar nuestras conclusiones en respuesta a la remisión de los Estados Partes del grupo, pero que en debida deferencia a la Sala de Cuestiones Preliminares, que se había apoderado de la competencia, decidí esperar la decisión de la Sala sobre la solicitud de Venezuela antes de hacer cualquier otro anuncio. Esos procedimientos y su resultado actualmente permanece clasificado como confidencial, aunque anticipamos que lo harán se hará público en breve. Dado el tiempo transcurrido, todo lo que puedo hacer en esta etapa es tener a mano sobre mi determinación que se ha completado, junto con la base de la misma, al Fiscal entrante para su consideración y decisión final«, explicó Bensouda.
Proceso en La Haya
En febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI inició un examen preliminar por presuntos crímenes de lesa humanidad al menos desde abril de 2017 en el contexto de las protestas antigubernamentales en Venezuela.
En septiembre 2018, Bensouda recibió una remisión por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, solicitando que la investigación se ampliara al 12 de febrero de 2014.
En 2020, la Fiscalía de la CPI concluyó que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente desde al menos abril de 2017.
Se espera que la Fiscalía de la CPI anuncie si abre una investigación formal, fase en la que se imputarían cargos en contra de funcionarios del régimen chavista responsables de las violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos.
