La organización no gubernamental Espacio Público documentó 227 violaciones a la libertad de expresión durante el año 2022 en Venezuela.
«Las restricciones para buscar, recibir y difundir información continúan siendo un patrón presente en el accionar gubernamental. La opacidad informativa en medio de la crisis humanitaria compleja constituyen un obstáculo más en un contexto en donde no están garantizados los derechos fundamentales», denunció la ONG.
Los 227 casos representan una disminución del 7% con respecto al número de casos registrados en el 2021, siendo el año con menos casos desde el 2013, cuando se registraron 220 situaciones.
«Esta disminución de casos podría estar vinculada al estancamiento de la agenda política y a la desmovilización de los partidos opositores al gobierno nacional, ya que en años anteriores existió una correspondencia entre la represión política y los altos índices de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela», explicó Espacio Público.
Desde el mes de abril el registro de casos experimentó un ascenso progresivo, el cual alcanzó su punto más alto en los meses de septiembre (30) y octubre (46), principalmente, motivado por el cierre masivo de emisoras de radio en varios estados del país.
Las denuncias de censura ocuparon el primer lugar en el registro con un 43% del total de violaciones. Principalmente estas violaciones se registraron mediante el cierre de emisoras de radio y durante apagones eléctricos o fallas del servicio de internet, lo cual limitó el acceso a la información por parte de la población, así como la labor de los medios de comunicación al momento de difundir informaciones.
Las restricciones administrativas (19%) hacia medios de comunicación y las intimidaciones (18%) a periodistas y demás trabajadores de la prensa durante el ejercicio de su labor también fueron parte de las violaciones más frecuentes.
Con relación a las detenciones por ejercer el derecho a la libertad de expresión, se registró un descenso del 49% con respecto al número de personas detenidas en 2021. En al menos 11 de estas detenciones se conoció de la aplicación de la inconstitucional “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, instrumento aprobado en el año 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro que contraviene las exigencias mínimas de respeto a los Derechos Humanos.
