El régimen de Nicolás Maduro acusó este lunes 3 de abril a la Corte Penal Internacional (CPI) de «lawfare», por la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el chavismo en Venezuela desde al menos 2014.
En un comunicado, la Cancillería venezolana respondió al lapidario documento con el que el fiscal de la CPI, Karim Khan, desmontó cada uno de los argumentos utilizados por el régimen de Maduro para intentar frenar la investigación en La Haya.
«Una vez más, el Fiscal de la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos, en perjuicio de la seriedad y rigurosidad que se espera de una instancia internacional de tanta relevancia», señaló el régimen venezolano.
La Cancillería venezolana insiste en que en el país «nunca han ocurrido» crímenes de lesa humanidad, sino que se trata de «falacias de la agresión mediática y geopolítica».
«Las afirmaciones recientemente presentadas por el Fiscal para nada desvirtúan los irrebatibles planteamientos realizados por Venezuela. Por el contrario, confirman que la CPI carece de competencia para conocer de los hechos presentados por el Fiscal Khan, a la luz de lo dispuesto en el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de ese organismo internacional», señala el régimen de Maduro.
En su documento de 22 páginas, el fiscal Khan desmontó cada uno de los argumentos del régimen chavista y lo acusó de haber puesto en marcha un plan sistemático de ataques contra la población civil, mediante persecución, encarcelamientos y torturas.
Por último, en su comunicado la Cancillería venezolana asegura que seguirá «ejerciendo todas las acciones disponibles para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como Nación, frente a esta expresión de ‘lawfare’ que abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos».
«Lawfare» es una expresión ha sido utilizada por líderes izquierdistas latinoamericanos, como Cristina Kirchner o Rafael Correa, para intentar defenderse de los procesos judiciales en sus contra por corrupción. A su juicio, contra ellos lo que hay es una «guerra judicial».
