Defensores de derechos humanos cuestionaron la decisión de la ONU de firmar una carta de entendimiento para fortalecer el trabajo conjunto en materia de atención humanitaria con la directiva ad hoc de la Cruz Roja Venezolana impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la intervención de la organización ejecutada en agosto de 2023.
Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, recordó que «la Cruz Roja está intervenida por el estado a través del TSJ con el nombramiento arbitrario de una directiva y sin que se ordene la consulta con los miembros de esa asociación».
Daniels advirtió que «sin garantía de independencia e imparcialidad no hay ayuda humanitaria viable».
Por su parte, Lexys Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz, apuntó que la Cruz Roja Venezolana es «el peor caso de intervención de una organización de sociedad civil en Venezuela por el Estado venezolano».
La activista reclamó «coherencia» por parte de la ONU al enfatizar que desde su intervención la Cruz Roja Venezolana se ha convertido en «una organización con una junta impuesta violando derechos asociativos, sin independencia».
En el mismo sentido opinó el abogado Saúl Blanco de la ONG Espacio Público, quien aseguró que «la intervención de la Cruz Roja fue un mecanismo que violentó uno de los principios humanitarios más importantes como es la independencia».
Además, cuestionó que dicha intervención tenía prevista una duración de un año «mientras mejoraban la estructura organizacional», pero tras ocho meses aún no se conocen avances para restablecer el normal funcionamiento de la Cruz Roja Venezolana con una directiva legítima elegida por sus integrantes.
Carta de entendimiento
En una nota de prensa, la ONU señaló que el documento suscrito subraya la importancia de «seguir promoviendo una respuesta humanitaria eficaz y coordinada para garantizar que llegue a las personas que más lo necesitan de manera oportuna y eficiente».
Hasta marzo de 2024, el Plan de Respuesta Humanitaria alcanzó a 945.000 personas en Venezuela, de las cuales el 58 % fueron mujeres y niñas, según datos de la ONU.
El documento también establece la colaboración entre ambas organizaciones para «avanzar con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Venezuela, enfocándose en áreas como la gestión del conocimiento, el fortalecimiento de capacidades, la asistencia técnica y la incidencia».
El coordinador residente de la ONU en el país, Gianluca Rampolla, aseguró que la Cruz Roja Venezolana «es un socio estratégico para Naciones Unidas» y que su «sólida colaboración, con un historial significativo, se ve reforzada con esta firma».
Por su parte, el presidente ad hoc de la Cruz Roja Venezolana impuesto por el TSJ, Ricardo Cusanno, expresó el compromiso de «fortalecer capacidades para la respuesta humanitaria, sanitaria y social».
La Cruz Roja está intervenida por el estado a través del TSJ con el nombramiento arbitrario de una directiva y sin que se ordene la consulta con los miembros de esa asociación.
Sin garantía de independencia e imparcialidad no hay ayuda humanitaria viable https://t.co/GSoJ4BlYCs— Alí Daniels (@alijdaniels) April 26, 2024
Cruz Roja Venezolana el peor caso de intervención de una organización de sociedad civil en Venezuela por el Estado venezolano.
Una organización con una junta impuesta violando derechos asociativos, sin independencia.
Coherencia!@OACNUDH https://t.co/VDkQuAnVLH— Lexys Rendón (@lexysrendon) April 26, 2024
Se recuerda que la intervención de la Cruz Roja fue un mecanismo que violentó uno de los principios humanitarios más importantes como es la independencia.
Y una pregunta, la intervención no era temporal mientras mejoraban la estructura organizacional? Ya ha pasado casi un año https://t.co/kNBFhJT3t3
— Saúl Blanco (@sblanco21) April 27, 2024
