El régimen de Nicolás Maduro está en conversaciones con la trasnacional Siemens Energy AG para reparar plantas de generación a gas y diésel que suministran energía eléctrica a Caracas y a la industria petrolera en el país. Sin embargo, la compañía en el pasado ha estado envuelta en escándalos, al admitir el pago de sobornos al chavismo para recibir contratos.
Así lo aseguró a la agencia Bloomberg el gerente comercial de la empresa en el país, Eric Soto, quien indicó que la compañía alemana recibió licencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para trabajar con PDVSA y Corpoelec.
Una de las licencias estadounidenses, otorgada en junio, permite a Siemens trabajar con Corpoelec en plantas termoeléctricas en el estado de Miranda, pero impide que aumente la capacidad, dijo Soto. Una segunda licencia, que vence en octubre, autoriza a Siemens a vender y reparar componentes en centrales eléctricas propiedad de PDVSA. Lleva limitaciones similares.
Sin embargo, aún la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) no ha publicado estas autorizaciones en su página web como acostumbra a hacer con otras licencia.
La empresa alemana tiene presencia en Venezuela desde hace 60 años y aproximadamente la mitad de las centrales termoeléctricas del país utilizan tecnología propiedad de Siemens.
En 2008, Siemens admitió que desde noviembre de 2001 y hasta mayo de 2007 pagó sobornos por valor de «al menos» 18,78 millones de dólares a funcionarios del régimen chavista, a cambio de un trato favorable en la adjudicación de los proyectos para construir un tren suburbano en Valencia y otro en Maracaibo. Los dos contratos estaban valorados conjuntamente en 240 millones de dólares.
Pero este no es el único escándalo de corrupción en el que ha estado envuelta la compañía alemana en Latinoamérica. Siemens también admitió que en Argentina, entre septiembre de 1998 y el año 2007, hizo «significativos pagos» de forma «directa e indirecta» a «varios» funcionarios a cambio de un trato de favor en conexión con el proyecto del documento nacional de identidad, valorado en unos 1.000 millones de dólares.
