En una carta abierta suscrita, 17 organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron a las autoridades de Trinidad y Tobago cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales de proteger los derechos de los niños y brindar protección internacional a las personas que buscan refugio.
La ONG recordaron que «los venezolanos están huyendo de graves violaciones de derechos humanos que una reciente Misión Internacional Independiente de Investigación designada por la ONU ha declarado que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Esto, combinado con una crisis humanitaria en curso, significa que los venezolanos continuarán buscando protección/asilo internacional fuera de su país, incluso en una pandemia».
Por ello, enfatizaron que Trinidad y Tobago debe encontrar «formas de otorgar la residencia legal a los venezolanos reabriendo el proceso de registro, o aprobando la legislación nacional sobre refugiados, lo que facilitaría su cumplimiento del derecho internacional«.
Los 16 niños
Respecto a la deportación de los 16 niños, junto con un grupo de adultos, y su posterior retorno a la isla, las organizacioness pidieron al Gobierno trinitario «que reúna de inmediato a los niños con sus familias, les otorgue acceso para solicitar asilo, les haga un examen para determinar si han sido víctimas de trata y les brinde atención médica».
Resaltaron que «Trinidad y Tobago tiene la obligación, en virtud de su propia Ley de trata de personas, de identificar a las posibles víctimas de la trata y de proporcionarles protección y reparación».
Ante las declaraciones del Ministro de Seguridad Nacional, quien indicó que las autoridades retenían a niños para proteger a la población de Trinidad del riesgo de COVID-19, las organizaciones aseguraron que «la pandemia no puede utilizarse como excusa para negar el acceso al asilo y la seguridad a quienes más lo necesitan».
