El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió este martes al régimen de Maduro que no apruebe los proyectos de ley para regular el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y de las redes sociales por el impacto negativo que tendrían en los derechos humanos y en la democracia en general.
La Asamblea Nacional chavista planea aprobar este martes en segunda discusión el primer proyecto, mientras que el segundo se encuentra en preparación luego de que Nicolás Maduro señalara a las estadounidenses WhatsApp e Instagram y a la china TikTok como instrumentos «multiplicadores del odio y el fascismo».
“Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socavan el espacio cívico y democrático en el país” solicitó Türk.
En el contexto de las protestas y de la respuesta a las mismas por parte de las fuerzas del orden, el jefe de derechos humanos de la ONU pidió la liberación «de todas las personas detenidas arbitrariamente» y que se respeten las garantías judiciales en los procesos.
Sostuvo que ha recibido información de que las autoridades han cancelado los pasaportes de algunas personas, aparentemente como represalia por el trabajo que realizan.
Asimismo dijo que en las redes sociales estarían circulando listas de personas buscadas por supuestamente promover la violencia, entre ellas miembros de la oposición y periodistas.
«También hay llamamientos de las autoridades para que se presenten denuncias en contra de quienes participaron en supuestos actos criminales, que incluiría actividades legítimas, como participar en asuntos públicos, manifestarse pacíficamente o ejercer el derecho a la libertad de expresión», señaló en una declaración leída en Ginebra por su portavoz.
En relación con las manifestaciones, el alto comisionado denunció «el elevado y continuo número de detenciones arbitrarias» y el «uso desproporcionado» de la fuerza reportados tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.
«Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos», afirmó.
Según declaraciones oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas en el marco de esta nueva crisis en Venezuela.
La portavoz de Türk, Ravina Shamdasani, confirmó que desde la decisión del Gobierno venezolano de cerrar la oficina que su organismo tenía en Caracas hubo conversaciones para reanudar su trabajo en el terreno y que estos contactos se han mantenido después de las elecciones «a distintos niveles».
Actualmente, el personal de la ONU -expulsado de Venezuela el pasado febrero- trabaja desde Panamá siguiendo la situación de derechos humanos. EFE
