Preocupación despertó entre defensores de derechos humanos la propuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, de que se acuerde una «amnistía general» en el marco del proceso de negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria.
Aunque Petro no ofreció mayores detalles de su planteamiento, la sola propuesta encendió las alertas ante la posibilidad de que se pretenda incluir en esta amnistía a funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos.
Desde el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) sus representantes ya advirtieron que no cabe la posibilidad de dar una amnistía a los responsables de estos crímenes.
«La amnistía no puede abarcar impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad, no lo permite la Constitución. Tampoco la jurisprudencia del sistema internacional de protección de derechos humanos, sería una afrenta a las víctimas y en nada favorecería la estabilidad y el retorno a la democracia», advirtió el activista Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea.
Alvarado se mostró en favor de una amnistía «para liberar presos políticos y que los perseguidos por gobierno Maduro regresen» y saludó el interés de Petro por la situación de Venezuela, pero le recomendó que «debe asesorarse bien en materia de derechos humanos y transiciones sin impunidad».
De igual manera, el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, dejó claro que «frente a la tentación de ‘amnistiar’ violadores de DDHH, seguiremos apostando a la justicia internacional de los organismos de protección, donde no hay posibilidades de darle espacio a la impunidad».
En su artículo 29, la Constitución venezolana establece que las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad “quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.
Y ante la falta de actuación de una justicia independiente interna, ya la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En este contexto, Marino Alvarado subrayó que «juzgar los criminales contribuye a la estabilidad del país».
https://twitter.com/fanzinero/status/1591186295636004865
Tampoco la jurisprudencia del sistema internacional de protección de derechos humanos, sería una afrenta a las víctimas y en nada favorecería la estabilidad y el retorno a la democracia.
— Marino Alvarado B (@marinoalvarado) November 12, 2022
