Este miércoles 26 de abril se cumplen seis años del asesinato del estudiante de la Universidad Metropolitana, Juan Pablo Pernalete, quien murió al recibir el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho, disparada por militares del régimen de Nicolás Maduro.
Tras seis años del crimen, Elvira Llovera y José Gregorio Pernalete, padres de Juan Pablo, denuncian la denegación de justicia por parte del Estado venezolano.
De los 13 militares acusados por su muerte, 11 están libres y los otros dos prófugos. «En el caso de nuestro hijo hay una impunidad, aún cuando ya está identificado el grupo de Guardias Nacionales, en este momento ninguno está pagando por el asesinato de nuestro hijo», denunció su madre.
La audiencia contra los imputados ha sido diferido más de 10 veces, por lo que la esperanza de los padres de Pernalete está en la investigación que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI), para que sean castigados no solamente los actores materiales sino también la cadena de mando que dio la orden de reprimir salvajemente las protestas de 2017.
Impunidad y mentiras oficiales
La investigación que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad que ha hecho que el fiscal general impuesto por la ilegítima constituyente chavista, Tarek William Saab, cambie la versión sostenida hasta ahora por el régimen, que apuntaba a que Pernalete había sido matado por infiltrados en la protesta con una pistola de perno.
En mayo de 2021, Saab, modificó su relato y admitió que el estudiante murió por el disparo de una bomba lacrimógena. “Este joven falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho. Aquí se logró la imputación de 12 funcionarios por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”, dijo Saab en rueda de prensa.
Sin embargo, en mayo de 2017, cuando ocupaba el cargo de Defensor del Pueblo, Saab se plegó al relato del régimen, que aseguraba que a Pernalete lo habían matado con una pistola de perno.
En una serie de mensajes en Twitter, publicados el 10 de mayo de 2017, Tarek William Saab incluyó a Pernalete en una lista de muertes causadas por supuestos “francotiradores y pistoleros infiltrados” con “armas convencionales y caseras”.
Ese mismo mes, la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, confirmó que “la muerte del estudiante se produce por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Fue impactado por una bomba lacrimógena“, dijo en rueda de prensa, derrumbando la versión difundida por el régimen de Nicolás Maduro.
Meses mas tardes, luego de que el chavismo destituyera a Ortega Díaz y lo impusiera como fiscal general, Tarek William Saab dijo en entrevista con EFE que reabriría la investigación por el caso Juan Pablo Pernalete, asegurando que se alteraron pruebas durante la gestión anterior.
“¿Qué es lo que es dudoso? Aquí descubrimos que el laboratorio criminalístico de la Fiscalía se usó para alterar pruebas, eso es grave, estamos en etapa de investigación, pero eso es sumamente grave”, aseguró Saab.
