El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 98 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales en el primer trimestre del 2022.
«El Estado venezolano continúa agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos. A pesar de observarse una disminución en el número de agresiones, resaltamos que los niveles de riesgo siguen siendo altos para el movimiento de derechos humanos, en tanto persisten las limitaciones a sus actividades, la criminalización de las mismas y las amenazas, actos de intimidación y hostigamiento y campañas de estigmatización siguen siendo graves», denunció el CDJ.
El Centro destacó que «el movimiento de derechos humanos sigue ejerciendo sus actividades en un entorno adverso y hostil» en el que el régimen de Nicolás Maduro «mantiene las medidas autoritarias, de forma legal y fáctica».
También denunciaron que persiste la política de criminalización, con distintos tipos de ataques en contra de quienes documentan, denuncian y difunden los abusos, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país.
