La dictadura de Daniel Ortega ha cancelado 159 organizaciones de la sociedad civil desde el año 2018, cuando inició una feroz represión y persecución en contra de la disidencia en Nicaragua.
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, divulgado este viernes, alerta que «la reducción del espacio cívico se ha intensificado en los últimos meses» en el país centroamericano.
El informe detalla que en 2019 fue cancelada la personalidad jurídica de nueve ONG, varias dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos. Entre 2019 y 2020 las cancelaciones se redujeron, pero el Estado adoptó una serie de normas restrictivas de la libertad de asociación que, luego, serían la base de posteriores cancelaciones.
En 2021, el régimen de Ortega canceló la personalidad jurídica de 60 organizaciones. Y en el primer cuatrimestre de 2022 más de 80 organizaciones fueron suspendidas: 10 en enero, 28 en febrero, 24 en marzo y 25 en abril.
Entre las 159 organizaciones canceladas, figuran tres partidos políticos que no pudieron participar en las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021. Además, hay varias universidades afectadas, destacando la UPOLI, símbolo de las protestas estudiantiles de abril de 2018, que fue estatizada el 7 de febrero.
También 19 organizaciones relacionadas con la actividad médica han sido cerradas tras las críticas de los médicos a la gestión del gobierno en la pandemia por COVID-19.
Asimismo, 12 organizaciones que promovían y protegían los derechos de las mujeres fueron clausuradas.
