El Gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pende de un hilo después de que la mayoría de las fuerzas políticas que respaldaron su permanencia en el cargo durante más de dos años señalaran que este mismo jueves se debe debatir y votar un pedido de vacancia (destitución) por su presunta «incapacidad moral permanente» para enfrentar el embate del crimen organizado en el país.
La gota que rebalsó el vaso fue el ataque con armas de fuego por desconocidos que sufrió durante la noche del domingo uno de los más populares grupos de música cumbia del país, mientras presentaba un concierto en un local del Ejército de Perú, en Lima.
Este ataque, que dejó heridos a cuatro integrantes de la agrupación Agua Marina y a un vendedor, encendió las protestas como un reguero de pólvora y generó el rechazo ante lo que se consideró inacción del Ejecutivo para solucionar el incremento de la criminalidad, que afecta a todos los sectores sociales del país.
Del fujimorismo al izquierdismo
Ante la presión popular, los partidos, en su mayoría conservadores, que aseguraron la permanencia de la gobernante en el cargo, se reunieron de urgencia y paulatinamente fueron comunicando su apoyo a la destitución, que fue planteada en primer lugar por el partido ultraconservador Renovación Popular, del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Desde el partido Fuerza Popular, de la líder política Keiko Fujimori, hasta Alianza Para el Progreso, del gobernador regional César Acuña, informaron su decisión de apoyar el fin del mandato de Boluarte.
López Aliaga, Fujimori y Acuña figuran, además, del empresario José Luna, del partido derechista Podemos Perú, como aspirantes a ser candidatos presidenciales en los comicios de 2026.
Se sumaron también otras bancadas de derecha como Acción Popular (AP) y Avanza País, y las bancadas de izquierda e independientes, que presentaron sus propias mociones de destitución de la gobernante, que asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022, tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, del que era su vicepresidenta.
Al momento de explicar su decisión, los portavoces de las bancadas usaron términos como «inutilidad» e «incapacidad» del Gobierno, así como la necesidad de actuar «por el bien del país» para implementar un cambio de timón que permita imponer acciones férreas para combatir el avance de la criminalidad.
El procedimiento de destitución
De acuerdo con proyecciones de analistas y medios locales, el apoyo a la destitución es tan abrumador que puede alcanzar a más de 120 de los 130 legisladores del Congreso unicameral peruano.
El procedimiento parlamentario indica que las agrupaciones primero tienen que ponerse de acuerdo en los términos de la moción final que se presentará, tras lo cual este planteamiento deberá ser votado para determinar si se acepta a debate.
De proceder esta medida, el presidente del Congreso, el conservador José Jerí, deberá convocar a Boluarte para que se presente, o envíe a su defensa legal, ante el pleno, en un plazo máximo de tres días.
Tras ese procedimiento, que puede ser acelerado si cuenta con la votación de 104 legisladores, se iniciará el debate y votará para decidir si se aprueba la destitución, que requiere de 87 votos parlamentarios.
De concretarse esta acción, Boluarte se convertirá en la quinta presidenta peruana desde 2016 que dejará el cargo sin cumplir su período de gobierno, desde Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020) y Pedro Castillo (2021-2022). EFE
