La Relatoría Especial para a Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) expresó este jueves su preocupación por el anuncio de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) del cierre de sus oficinas y de la finalización de proyectos de cooperación internacional por la vigencia de una ley de agentes extranjeros.
«RELE expresa su preocupación por el anuncio de APES de renunciar a ejecutar proyectos con fondos de cooperación internacional y cerrar sus oficinas, debido, según indicó la organización, a las restricciones impuestas por la Ley de Agentes Extranjeros», apuntó la entidad en X.
El 16 de septiembre, la APES anunció que no realizaría más proyectos con fondos internacionales de cooperación y el cierre de sus oficinas «debido a las asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones» que impone la referida ley impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
«En los últimos 90 días la APES ha suspendido, liquidado y cerrado sus proyectos cuyo financiamiento provienen del exterior y que se ejecutan en El Salvador. Hemos cerrado nuestras oficinas hasta nuevo aviso», indicó la asociación en un comunicado.
Sin embargo, la APES indicó que «seguirá prestando sus servicios de registro y denuncia de agresiones y vulneraciones a la prensa», además de defender «los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa de los y las colegas salvadoreños».
Subrayó que Ley de Agentes Extranjeros pose una definición de agente extranjero «amplia y discrecional», por lo que considera que «el Registro (de Agentes Extranjeros) está diseñado para usar este poder de manera arbitraria».
La normativa establece sanciones que diversas organizaciones han señalado de «confiscatorias», además de abrir la posibilidad de procesos penales, anular la personería jurídica y de un impuesto del 30 % sobre las donaciones.
La organización también denunció que tiene más de un año intentando obtener credenciales de junta directiva en el registro de asociaciones de la oficina del Ministerio de Gobernación, y aún lo seguirá haciendo».
El 8 de septiembre pasado, la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) anunció su disolución tras casi 33 años de existencia, a raíz de la «situación política» del país y de la Ley de Agentes Extranjeros.
Anteriormente, la organización Cristosal anunció su salida del país a raíz de una «escalada represiva» contra activistas por el Ejecutivo de Bukele y por la referida ley, también la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fesfad) comunicó recientemente su cierre.
A finales de julio pasado, la relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, señaló que el clima para la defensa de los derechos en El Salvador está «deteriorado». EFE
