El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 396 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2022, lo que representa una disminución de 47% en relación al mismo período en 2021, cuando se documentaron 743.
Esto se debe principalmente a una reducción durante el año en el número de actos de estigmatización emitidos a través de medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales.
2022 estuvo marcado por la continuidad de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, donde la política de criminalización, represión y control generó graves afectaciones principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos.
Durante el período, el CDJ observó el hostigamiento, la intimidación y la persecución penal como mecanismos para criminalizar y atemorizar al movimiento de derechos humanos.
Los 396 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión:
- Estigmatización: 246
- Intimidación y Hostigamiento: 95
- Amenazas: 34
- Ataques Digitales: 8
- Otros: 246
- Judicialización: 95
- Detención Arbitraria: 34
Durante el 2022 el Estado venezolano siguió aplicando acciones contrarias a sus obligaciones internacionales, agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos.
El Centro documentó también un aumento del uso del derecho penal para perseguir, amenazar e intimidar bajo la lógica del enemigo, así como la continuidad de las medidas que criminalizan la cooperación internacional.
«Los hechos ocurridos durante el año evidencian que los niveles de riesgo para el movimiento de derechos humanos en el país siguen siendo altos, en tanto persiste la inexistencia de mecanismos o Políticas públicas tendientes a la promoción y protección de trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos», advirtió la ONG.
