Yanfri Querales, hermana de Juan David Querales, uno de los asesinados en la masacre del 11 de abril de 2002, pidió este miércoles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que se haga justicia y se responsabilice al Estado venezolano por el asesinato de su hermano.
«La dignidad de mi hermano, aún después de muerto, todavía nosotros la queremos recuperar», declaró durante la audiencia del caso Trujillo y otros vs. Venezuela, en San José, Costa Rica.
Querales describió a su hermano como «el alma del rebaño», un joven «trabajador, responsable» que ayudaba económicamente a sus padres. En 2002 tenía 25 años y trabajaba como teleoperador en Caracas, con planes de estudiar ingeniería informática.
Explicó que su hermano y otros familiares decidieron ir a la marcha opositora porque estaban «en contra de las arbitrariedades» de Hugo Chávez y «con la esperanza de poder cambiar el país».
Querales relató que siguieron la marcha por televisión y que, hacia el mediodía, empezaron a reportar disparos y heridos. Su hermana llamó llorando porque se habían dispersado y no encontraba a Juan David. Al caer la tarde salieron a buscarlo a los hospitales.
En el Hospital Vargas vieron su nombre en la lista de heridos. Su hermana entró a la morgue a revisar los cuerpos, y un médico les informó finalmente que Juan David había sido operado y estaba grave. «Yo solo rogaba a Dios que se salvara», dijo. Sin embargo, murió de un shock por falta de sangre: la bala le atravesó la femoral y destruyó la pelvis.
Una investigación que desapareció
Querales contó que la investigación inicial del Cuerpo Técnico de Policía Judicial (PTJ) fue «profunda». Ella iba cada semana a revisar el expediente, y los inspectores tenían la bala extraída del cuerpo de su hermano, fotos, videos y una planimetría que ubicaba al funcionario de la Guardia Nacional que disparó. Dijo que sabían el nombre del militar responsable y de otro que también disparaba con su pistola de 9 milímetros contra la manifestación.
Según relató, a todos los funcionarios que llevaban el caso «los sacaron del cuerpo» y las pruebas se perdieron. Nunca hubo un proceso judicial: a los efectivos de la Guardia Nacional, dijo, los cambiaron de puesto y no se supo más de ellos. El caso permaneció impune.
Yanfri Querales, hermana de Juan David Querales, quien fue asesinado por disparo de la Guardia Nacional en la masacre del 11 de abril de 2002, pidió este miércoles ante la @CorteIDH que se haga justicia y se responsabilice al Estado venezolano por la violación de sus derechos… pic.twitter.com/XiEBCGj7SM
— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) October 14, 2026
Enemigos de Chávez
La testigo relató que, tras la muerte de su hermano, su madre declaró ante varios medios que había votado por Chávez en 1998 y que no sabía que estaba «firmando la sentencia de muerte de su hijo». Aquella declaración hizo que aumentaran las represalias desde el Gobierno.
«Chávez, en vez de vernos como víctimas, nos veía como sus enemigos», afirmó. Aseguró que el mandatario los amenazó directamente en declaraciones ante los medios, donde decía que eran «traidores a la patria» y que los iba a meter presos. También recibieron amenazas por parte de militantes chavistas en la zona donde vivían en Caracas, y pasaron un tiempo encerrados por miedo. Su madre tuvo que vender su casa en Barinas, el estado natal de Chávez.
Querales y su esposo salieron de Venezuela en 2005 y obtuvieron asilo en España.
«Se dice fácil, casi 25 años. Para nosotros no, para nosotros todos los días fue ayer», afirmó. Dijo que no regresaría a Venezuela y que allá «no lo contaría».
Al cierre de su testimonio, pidió a la Corte IDH que el Estado sea responsabilizado por el asesinato. «Nunca hemos perdido la esperanza», dijo. Afirmó que desea que sus padres puedan ver «un poco de esa justicia que siempre hemos estado esperando» antes de que fallezcan.
25 años de impunidad
El caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó que el Estado venezolano no demostró un uso legítimo, necesario y proporcionado de la fuerza letal, y que incumplió su deber de investigar, lo que mantiene la impunidad más de dos décadas después. La CIDH considera que el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, de reunión y a la protección judicial.
Según los hechos documentados por la CIDH, cerca de El Silencio, la Guardia Nacional mató a Jhonny Palencia, Juan David Querales y Víctor Emilio Reinoso, y dejó herido a Fernando Joel Sánchez Colmenares. En Puente Llaguno, los Círculos Bolivarianos mataron a Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamad Capote, Orlando Rojas y José Antonio Gamallo, e hirieron a José Antonio Dávila Uzcátegui, Elías Belmonte Torres, Jean Carlos Serrano y Andrés Trujillo.
Sobre los Círculos Bolivarianos, la CIDH afirmó que «existen suficientes elementos para determinar que los hechos» atribuibles a ese grupo ocurrieron con la colaboración o aquiescencia de la Fuerza Pública. Entre otras cosas, la CIDH pidió a la Corte ordenar una reparación integral, una investigación efectiva y garantías de no repetición, incluida la limitación del uso de las Fuerzas Armadas en labores de orden público a situaciones excepcionales.
