Por octavo año consecutivo, la organización independiente Word Justice Project (WJP) en su reciente informe de 2022 indicó que Venezuela sigue siendo el país con el peor desempeño en el mundo en materia de Estado de Derecho y lo ubica en el último lugar -de los 140 países evaluados-.
En el reporte que la agrupación internacional viene elaborando anualmente desde 2008 y que fue publicado a finales de octubre, el país obtuvo una puntuación de 0,26 puntos, es decir una centésima menos que la que consiguió el año anterior cuando consiguió 0,27, publica Acceso a la Justicia en su página web.
Para elaborar el Índice, la agrupación internacional no solo evaluó la actuación de los jueces y fiscales en materia penal y civil, sino también:
- Capacidad del Poder Judicial en general para fijarle límites al Gobierno;
- Ausencia de corrupción en el país;
- Qué tan abierto y transparente es el Ejecutivo a la hora de tomar sus decisiones;
- El grado de respeto y disfrute de los derechos fundamentales de los ciudadanos;
- La situación del orden y la seguridad interna; y
- El nivel de cumplimiento del marco legal vigente
Este informe está basado en una entrevista realizada a 154.000 hogares, así como en la opinión de 3.600 abogados, académicos, juristas y catedráticos en Derecho en los 140 países.
Al revisar los resultados, Venezuela -como en el 2021- quedó en el último lugar en el mundo en tres de las ocho categorías evaluadas: límites al poder gubernamental, cumplimiento regulatorio y actuación del sistema de justicia penal, además de la categoría que engloba las ocho, que es Estado de derecho.
Señala WJP que en los últimos doce meses, no se produjo ningún avance y Venezuela volvió a obtener 0,12 puntos. Estos datos confirman las sospechas de que la «revolución judicial» –puesta en marcha por Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional electa en 2020- no está sirviendo para hacer más eficiente y eficaz al sistema.
El Índice también corrobora estas afirmaciones en el subrenglón del factor que mide la justicia penal en el país, relacionado con la ausencia de interferencias indebidas del Ejecutivo sobre ese sistema, el país obtuvo una evaluación de 0,02, es decir prácticamente cero. Una puntuación aún peor recibió en cuanto a la garantía del debido proceso en los procedimientos administrativos, donde el país apenas logró 0,01 y que forma parte del factor que mide el cumplimiento del marco regulatorio.
Este informe no solo reveló que las reformas legales aprobadas por las autoridades no han servido para mejorar la prestación del servicio de justicia, tampoco han hecho nada para combatir la corrupción.
Estos fueron los resultados generales:
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