Líderes vecinales y propietarios tomaron puertas de la Defensoría del Pueblo en protesta por la falta de acción del organismo ante la oleada de invasiones la cual azota a Caracas contabilizando más de 100 intentos de tomas ilegales entre 2021 y 2022, asimismo denunciaron que el nivel de complicidad de esta institución llega a tal magnitud que protege a los propios invasores, por lo que exigen al defensor Alfredo Ruiz investigar al Ministerio Público, quien no ha imputado a nadie por los centenares de edificaciones robadas en la capital.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, acusó a la Defensoría del Pueblo de ser cómplice por acción y omisión de la ola de invasiones en la ciudad, destacando la nula protección que ofrece el Poder Ciudadano a los propietarios de inmuebles invadidos pero al contrario los tomistas son amparados por dicho organismo. “Recordemos que la propiedad privada es un derecho humano y la defensoría debe velar para que sea respetado, recordando como en la ejecución de las ocupaciones ilegales participan desde colectivos armados identificados con el PSUV hasta incluso por ejemplo los diputados de la Asamblea Nacional chavista Rigel Sergent y Carmen Zerpa”, dijo.
El líder vecinal recalcó que la propiedad privada es un derecho humano pero en Venezuela su violación es pan de cada día, “el nivel de descaro es tal que buena parte de las invasiones rodean varios ministerios e instituciones gubernamentales, formando una especie de cinturón de seguridad para defender la dictadura de Maduro”, afirmó.
Propietarios desesperados
Orlando Zamora, propietario de un local en el emblemático edificio Karam, ubicado entre las Esquinas de Pelota e Ibarra, de 50 años de antigüedad denunció «que en enero y en diciembre sufrieron varios intentos de invasiones donde forzaron varias cerraduras. Desde hace año y medio el INCE tiene varias personas viviendo en unas oficinas que no tienen baño, en el piso 4, las cuales no han sido atendidas por dicha institución, y ahora hay un nuevo grupo que ha tratado de tomar otros pisos debido a la falta de presencia de las autoridades”, acotó.
Por su parte, Carmen Betancourt, quien perdió su local en el edificio Bapgel narró cómo los mismos colectivos que la invadieron en 2019 declararon que estaban apoyados por la entonces alcaldesa de Libertador, Erika Farías.
