La organización política Vente Venezuela denunció este miércoles que la Ley de Amnistía aprobada por el chavismo está siendo aplicada de manera “arbitraria, selectiva y sesgada”, lo que, lejos de promover reconciliación, estaría prolongando el régimen de terror que caracterizó los años recientes de persecución política en el país.
Según Vente, las advertencias que hicieron antes de la entrada en vigencia de la ley “tristemente se han hecho realidad”. La organización sostiene que el texto normativo se ha convertido en “fuente documental de una gran injusticia”, al excluir a sectores enteros de víctimas y permitir que los mismos jueces que avalaron violaciones de derechos humanos sean quienes decidan ahora quién recibe o no el beneficio.
En el comunicado, Vente Venezuela señala cinco fallas estructurales de la ley. Entre ellas, la exclusión de las inhabilitaciones políticas, la negativa a incluir a militares acusados falsamente de rebelión, la exclusión caprichosa de delitos en el artículo 9, la ausencia de mecanismos de reparación moral y económica para las víctimas y la falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en violaciones de derechos humanos.
La organización advierte que la ley tampoco establece garantías para evitar la repetición de estos hechos, lo que impide hablar de una verdadera reconciliación nacional.
Vente Venezuela también cuestionó el rol del sistema judicial en la aplicación de esta legislación. Afirma que la amnistía está siendo otorgada “de acuerdo con la orden que viene de arriba”, y que los jueces encargados de aplicarla son los mismos que en el pasado permitieron violaciones al debido proceso, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y confinamientos prolongados.
La organización sostiene que estos tribunales, especialmente los de competencia en terrorismo, son “inconstitucionales de origen” y actuaron como engranajes de la represión. Por ello, consideran incompatible que ahora sean ellos quienes administren un beneficio que debería servir para reparar injusticias.
“Olvidar los hechos para algunos y mantener vivo el recuerdo para otros es una injusta incongruencia y una clara discriminación política”, señala el texto, citando el artículo 21 de la Constitución sobre igualdad ante la ley.
El comunicado concluye con un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos a no apartar la mirada de lo que ocurre en Venezuela y a exigir transparencia en la aplicación de la ley.
Solicitudes rechazadas
La denuncia de Vente coincide con una serie de decisiones judiciales que han negado solicitudes de amnistía en casos de alto perfil.
El abogado Perkins Rocha, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática, informó que el Tribunal Especial Primero de Terrorismo declaró “sin lugar” su petición, alegando supuestos de exclusión. Rocha anunció que apelará y acusó al juez de interpretar la ley de forma contraria a su espíritu.
El coordinador nacional de Vente, Henry Alviárez, también denunció que le fue negado el beneficio, acusando al régimen de perseguir a quienes piensan distinto y de usar al Tribunal Supremo de Justicia como instrumento político.
En el ámbito de la prensa, el SNTP reportó que el Tribunal 22 de Juicio rechazó la amnistía para la periodista Nakary Mena y su esposo, el productor Gianni González, lo que el Colegio Nacional de Periodistas calificó como una confirmación del “patrón de persecución judicial”.
Asimismo, el abogado de Provea Eduardo Torres denunció que los tribunales negaron la amnistía a los seis sindicalistas condenados en 2023 por supuesta conspiración, pese a haber sido excarcelados en 2023 tras negociaciones políticas.
🚨 #Urgente | Hoy, la amnistía en lugar de constituir un instrumento de paz y reconciliación social, se ha convertido en un elemento que genera discordia, frustración y perturbación social, por la aplicación arbitraria, selectiva y sesgada.
COMUNICADO: https://t.co/ReSGavJAWh pic.twitter.com/i3yN0YO5FN
— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) March 18, 2026
