El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 1.101 protestas pacíficas en todo el país en septiembre de 2026. La cifra equivale a un promedio de 37 manifestaciones diarias y a un aumento de 489% frente a septiembre de 2025, cuando registró 187.
El OVCS indicó en su informe que el incremento refleja el deterioro de las condiciones de vida de la población y la persistencia de las expectativas ciudadanas de un cambio político e institucional.
La crisis eléctrica motivó 531 protestas, un aumento de 2.024% respecto a septiembre de 2025. El observatorio señaló que los apagones prolongados, los racionamientos sin aviso y las fluctuaciones de voltaje afectaron las actividades económicas, el acceso al agua potable, la atención médica y la conservación de alimentos.
El OVCS contabilizó 376 protestas nocturnas, el 34% del total del mes. Familias y comunidades afectadas por cortes prolongados cerraron calles, hicieron cacerolazos y quemaron cauchos en distintas regiones.
Las demandas por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) sumaron 911 protestas, el 83% del total. Las exigencias de vivienda y servicios básicos lideraron con 689 protestas, el 63%. Entre ellas, el OVCS contó 531 por fallas eléctricas, 124 por escasez de agua potable, 36 por deterioro vial, 27 por aguas servidas y 12 por recolección de desechos.
Los derechos laborales motivaron 223 protestas, que encabezaron los trabajadores de salud (65), educación (24) y transporte (12). Exigieron salarios dignos, restitución de beneficios y cumplimiento de las contrataciones colectivas.
La seguridad social, con jubilados y pensionados como protagonistas, generó 111 protestas. El derecho a la salud motivó 101, por la escasez de insumos y el estado de la infraestructura hospitalaria.
Los derechos civiles y políticos concentraron 190 protestas, el 17% del total. El OVCS registró 166 por participación política, con exigencias de garantías electorales, renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y convocatoria a elecciones transparentes.
Otras 162 protestas reclamaron el derecho a la justicia. Las lideraron familiares de presos políticos y organizaciones civiles que impulsaron la iniciativa «Ruta de las Respuestas Pendientes», para exigir libertad plena, debido proceso y el fin de las arbitrariedades.
El 51% de las manifestaciones fueron concentraciones pacíficas (563) y el 45%, protestas combinadas (496). El OVCS registró la represión de 28 protestas en 11 estados, con Zulia a la cabeza (9). Denunció además la participación de colectivos armados en labores de intimidación y contó 24 protestas contra abusos de cuerpos de seguridad del Estado.
El observatorio reiteró que la protesta pacífica es un ejercicio legítimo de participación ciudadana. Llamó al Estado a atender las causas estructurales del malestar, garantizar el derecho a manifestar sin represalias y responder a las demandas populares para avanzar hacia la reinstitucionalización democrática.
