Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos entregaron este jueves una carta al Parlamento de Cantabria solicitando su intermediación en favor de la liberación de Rocío San Miguel, abogada y defensora de derechos humanos de origen santanderino, actualmente detenida en el centro de reclusión del Helicoide en Caracas, Venezuela.
La comunicación fue recibida por el vicepresidente del Parlamento, Alejandro Liz, y la diputada Patricia Velasco, quienes atendieron a los representantes de las organizaciones en la sede legislativa. En la concentración también participó el senador por Cantabria, Íñigo Fernández, quien manifestó su solidaridad con la causa.
La misiva, firmada por Refugiados Sin Fronteras, el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, Voces de la Memoria y Tierra de Gracia, denuncia la situación crítica de San Miguel, arrestada el 8 de febrero de 2024 cuando se disponía a viajar a España con su hija. Desde entonces, ha enfrentado un proceso judicial plagado de irregularidades, incluyendo desaparición forzada, negación de asistencia consular, acusaciones sin pruebas y un deterioro de salud sin atención médica adecuada.
Las organizaciones solicitaron al Parlamento cántabro:
Aprobar una Declaración Institucional de apoyo a Rocío San Miguel y a los demás ciudadanos españoles presos políticos en Venezuela, que forman parte de los más de 800 presos políticos contabilizados en el país.
Instar al Gobierno de España y a la Unión Europea a intensificar las gestiones diplomáticas para garantizar su liberación y repatriación.
Promover una labor de intermediación política y humanitaria que haga visible el vínculo de Cantabria con San Miguel y refuerce el compromiso con los derechos humanos.
“La voz del Parlamento de Cantabria puede ser decisiva para impulsar la protección de una compatriota y reforzar la exigencia de respeto a los derechos humanos en Venezuela”, señala el comunicado.
Las organizaciones confían en que el respaldo institucional cántabro contribuya a sumar presión internacional en un momento crítico para la protección de los derechos humanos en Venezuela.
