El temor a ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha cambiado la rutina de venezolanos que viven en Estados Unidos, incluso de quienes tienen permisos de trabajo y solicitudes de asilo pendientes. Un reportaje de Bloomberg Línea documentó cómo esa incertidumbre impacta sus gastos, su vida familiar y su salud emocional.
Una venezolana residente en Nueva York, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a las consecuencias de hablar sobre su situación migratoria, contó que ahora utiliza taxis con mayor frecuencia en lugar del autobús o el tren, reduce las salidas con su hijo y procura que su familia no se desplace junta para hacer las compras.
“Uno tiene que estar pendiente de no ver un carro extraño, de mirar bien a la gente”, relató a Bloomberg Línea.
La mujer llegó a Estados Unidos en 2017 con una visa de estudiante y, después de la pandemia, solicitó asilo por circunstancias que asegura haber vivido durante uno de sus viajes a Venezuela. Desde entonces, ha trabajado con autorización, obtenido un número de Seguro Social y pagado impuestos.
Sin embargo, el temor a una posible detención la ha llevado a modificar sus recorridos y horarios, además de asumir mayores gastos de transporte. También ha limitado las actividades familiares y vive con la preocupación de cómo garantizar el cuidado de su hijo si ella o su esposo fueran detenidos.
Como medida preventiva, mantiene preparada una mochila con los documentos del niño y otros papeles que considera indispensables. Además, una amiga ciudadana estadounidense cuenta con un poder que le permitiría hacerse cargo del menor y viajar con él si la madre fuera detenida.
“Mi principal miedo es que me lleven y que mi hijo esté presente”, afirmó.
Una detención que golpeó las finanzas familiares
La preocupación no se limita a la posibilidad de una detención. La entrevistada relató que su familia ya atravesó esa experiencia cuando su suegro fue detenido después de presentarse a una cita ante un juez de inmigración.
Según su testimonio, el hombre tenía permiso de trabajo y otros documentos vigentes, y esperaba salir de la audiencia sin inconvenientes. La familia sostiene que el juez había emitido una orden que impedía su detención, aunque ese punto requiere documentación para determinar el alcance jurídico de la resolución.
La detención obligó a sus familiares a pagar abogados, enviar dinero para cubrir las necesidades básicas del hombre y asumir las deudas que dejó en el hogar. A esos gastos se sumaron las obligaciones cotidianas de la pareja y los desembolsos que ya habían realizado para gestionar sus propios trámites migratorios.
“Nos hemos endeudado demasiado”, aseguró la venezolana.
La situación también afectó a su suegra, quien quedó separada de su esposo y, de acuerdo con la entrevistada, se encuentra cada vez más decaída. Aunque desea regresar a Venezuela, tiene otros hijos en Estados Unidos, por lo que marcharse supondría alejarse de parte de su familia.
El reportaje también recoge denuncias de familias venezolanas en el sur de Florida sobre detenciones de personas con solicitudes de asilo pendientes y permisos de trabajo vigentes.
No obstante, las consecuencias legales varían según el expediente de cada migrante, sus antecedentes, las órdenes existentes y las protecciones migratorias aplicables. Contar con autorización para trabajar no equivale a tener un estatus migratorio permanente ni garantiza que una persona no pueda ser detenida.
Para algunas familias venezolanas, esa incertidumbre se ha traducido en gastos legales, endeudamiento, restricciones en su vida cotidiana y planes de emergencia ante la posibilidad de una separación familiar.
