El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) exhortó a preservar El Helicoide como sitio de memoria histórica y espacio para documentar las violaciones de derechos humanos cometidas en sus instalaciones, en lugar de transformarlo en un centro cultural o recreativo, como propone el gobierno.
En una declaración aprobada el 4 de marzo, la UCV se adhirió al pronunciamiento de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que advierte que el emblemático edificio —celebrado en los años cincuenta como una obra arquitectónica de vanguardia— se convirtió durante el llamado “socialismo del siglo XXI” en un centro de reclusión y tortura, escenario de abusos y muertes bajo custodia.
El documento compara El Helicoide con otros espacios de represión que hoy son sitios de memoria reconocidos internacionalmente, como Robben Island en Sudáfrica —donde estuvo preso Nelson Mandela— y la ESMA en Argentina, ambos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO.
La UCV sostiene que la preservación del edificio es indispensable para garantizar justicia y memoria histórica: “Preservarlo servirá no sólo para custodiar las pruebas de los graves delitos cometidos; como museo de la memoria servirá también de advertencia a las futuras generaciones sobre las consecuencias del abandono de los principios más básicos de la democracia”.
El Consejo Universitario cuestiona que las autoridades pretendan transformar El Helicoide en un “centro cultural y recreativo”, lo que —según el texto— busca borrar las huellas del delito y desvirtuar el significado histórico del lugar.
El pronunciamiento afirma que quienes hoy impulsan la remodelación son “los mismos que decidieron convertir en lugar de todos los horrores” al edificio que nunca llegó a ser el complejo comercial originalmente proyectado.
Los exdecanos y profesores firmantes instan a las instituciones académicas, organizaciones sociales y ciudadanía a movilizarse para impedir la manipulación del sitio y protegerlo como patrimonio histórico y democrático.
El documento también subraya que la reconciliación nacional no puede basarse en el olvido, sino en la reconstrucción rigurosa de los hechos y la identificación de los responsables de las violaciones de derechos humanos.
La declaración fue suscrita por exdecanos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y aprobada por el Consejo Universitario, con un voto negativo del representante suplente del Ministerio de Educación Universitaria.
