Representantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sostuvieron este jueves 14 de mayo un encuentro formal con activistas LGBTI, en una maniobra considerada por organizaciones defensoras de derechos humanos como una operación de «marketing político» luego de años de omisiones.
La reunión se produce apenas cinco días después de que la encargada del régimen chavista, Delcy Rodríguez, instara al Poder Judicial a crear una doctrina jurídica que reconozca la «diversidad como un derecho humano fundamental».
El encuentro fue encabezado por la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, y la magistrada Tania D’Amelio, presidenta de la Sala Constitucional. Entre los activistas asistentes estuvieron la abogada Richelle Briceño, la diputada Ingrid Barón y representantes de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria.
Venezuela es considerada por expertos como una «isla de desigualdad» en la región, ya que mientras otros países latinoamericanos han avanzado en materia de derechos de las personas LGBTI, el régimen chavista no ha permitido la legalización del matrimonio de parejas homosexuales o el cambio de nombre de personas trans.
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ ha denunciado que existe una homofobia y transfobia de Estado instaurada en las instituciones públicas venezolanas. La ONG ha revelado cifras alarmantes: el 43,18% de los actos violentos contra personas LGBTI en 2024 fueron perpetrados por funcionarios del Estado. Solo en el primer semestre de 2025 se documentaron 150 casos de discriminación.
Activistas como Yendri Velásquez han sido víctimas de persecución transnacional, incluyendo un atentado armado en el exilio tras sufrir la anulación de su pasaporte en Venezuela.
