De forma exprés, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la conformidad constitucional de la iniciativa de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para que continúe el proceso legislativo en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo.
La decisión consta en la sentencia N.° 1034 del expediente 26-1387, con ponencia conjunta, de la cual fue publicada un extracto este jueves 15 de octubre en la web del TSJ.
La Sala declaró su competencia para ejercer el control previo de constitucionalidad de la iniciativa, 48 horas después de que le fuera remitida por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, el 13 de octubre de 2026.
El fallo se fundamenta en el numeral 2 del artículo 3 de la Ley Constitucional que Regula la Vigencia de los Actos Emanados de la Asamblea Nacional Constituyente. Declara la conformidad constitucional de la reforma, con su exposición de motivos y el proyecto, «a fin de que se continúe el proceso legislativo para su discusión y aprobación ante la Asamblea Nacional».
El 5 de octubre, la AN instaló una Comisión Especial para la reforma de la ley, presidida por su primer vicepresidente, el diputado Pedro Infante, luego de que la encargara del régimen, Delcy Rodríguez, pidiera reformar la norma para «despenalizarla».
Pedidos de derogación
Mientras avanza la reforma, diversos sectores de la sociedad han pedido la derogación de la ley, que ha sido utilizada como un instrumento para perseguir a la disidencia.
El 22 de septiembre, el Comité de Mujeres Políticas, del Movimiento de Mujeres Políticas por Venezuela, introdujo ante la Sala Constitucional del TSJ una demanda de nulidad total por inconstitucionalidad. Solicitaron además medidas cautelares para cesar las privaciones de libertad por los delitos que tipifica la ley. El 30 de septiembre, el alcalde de Baruta, Darwin González, se adhirió al recurso y pidió su derogación total y la suspensión de sus efectos.
La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, presidida entonces por Delcy Rodríguez, con penas de hasta 20 años de cárcel. Desde entonces, más de 900 personas han sido acusadas de «incitación al odio», de acuerdo a registro de la ONG Foro Penal.
La organización Cecodap, que defiende los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, contabilizó 118 menores imputados por delitos previstos en la Ley del Odio entre 2024 y 2025.
