La situación del gremio transporte en Venezuela es insostenible ya que el último ajuste de la tarifa resulta insuficiente para cubrir gastos operativos, alertó el presidente de la Central Única de Autos Libres y por Puesto, José Luis Montoya.
Planteó diversas propuestas para aliviar la crisis, entre las que destacó: anclaje del pasaje a 0,50 centavos de dólar y una revisión profunda de la política de subsidios para garantizar la supervivencia del servicio público.
Enfatizó que la propuesta gremial contempla que el Estado sustituya el actual modelo de subsidio indirecto por la creación de un bono de transporte de entre 30 y 40 dólares destinado a estudiantes y adultos mayores, permitiendo que estos sectores paguen la tarifa completa.
Esta medida está inspirada en los mecanismos de financiamiento que manejaba originalmente Fontur, busca equilibrar los costos operativos que hoy superan la recaudación diaria.
Eliminación de la huella
En paralelo, los profesionales del volante plantean una solución definitiva a la crisis del suministro de combustible: la eliminación del sistema de biopago y la «huella».
«El sistema de la huella no es una solución para los transportistas. Perdemos demasiado tiempo y, además, se discrimina a gran parte del sector, porque a eso no tienen acceso todos los transportistas», rechazó.
«Nosotros no queremos gasolina regalada, solo condiciones óptimas para poder trabajar. Estamos dispuestos a aceptar un precio del litro de combustible entre 0,20 y 0,25 centavos de dólar, siempre que esto garantice el libre acceso a cualquier estación de servicio del país sin restricciones ni pernoctas forzosas».
«Este problema de estar madrugando para pasar la huella, que realmente limita y agota al sector», fustigó. «Los transportistas pierden jornadas completas intentando surtir sus vehículos».
En otro punto, resaltó la necesidad de que la banca pública y privada reactive las carteras de crédito para la modernización de la flota.
Denuncia de unidades retenidas y casos humanitarios
Asimismo, denunció la retención injustificada de 12 vehículos de transporte desde hace dos años, los cuales han sido rotulados por instituciones policiales sin base legal.
«Es muy lamentable que esta situación continúe; esos vehículos tienen dueños y se los están quitando a personas trabajadoras», reprochó.
Montoya hizo énfasis en casos de urgencia humanitaria, como el de la señora Mayra Vivas, paciente oncológica cuya unidad fue retenida, y el de Eligio Molina, quien requiere una prótesis de cadera tras años de labor ininterrumpida.
El sector exige a la Fiscalía y al Estado la liberación inmediata de estos activos y atención a sus demandas.
Por último, reiteró que los transportistas están enteramente comprometidos con el país, pero condicionan su estabilidad a la implementación de estas políticas urgentes.
