La presidenta de Transparencia Venezuela en el Exilio, Mercedes de Freitas, presentó este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU un diagnóstico sobre el entramado de corrupción, economías ilícitas y violaciones sistemáticas de derechos humanos que han sostenido al régimen chavista durante años.
En un discurso detallado, De Freitas aseguró que organizaciones criminales nacionales e internacionales operaron en alianza directa con la administración de Maduro, compartiendo estructuras, capacidades y mecanismos de protección estatal.
“Las organizaciones criminales tienen una relación simbiótica con la administración de Nicolás Maduro, utilizando las estructuras del Estado para impulsar, proteger y dirigir operaciones ilícitas”, afirmó.
La activista señaló que las economías ilegales vinculadas al oro, las drogas, la extorsión y la trata de personas alcanzaron 8.200 millones de dólares, según estimaciones de la ONG.
Solo el 20% del oro extraído se reporta al Tesoro Nacional, mientras que el resto —denunció— termina en cuentas privadas de altos funcionarios y aliados del poder. Además, advirtió que la minería ilegal ha devastado zonas del estado Bolívar, el Parque Nacional Canaima y el Amazonas.
De Freitas también alertó sobre el uso creciente de criptomonedas desde 2021 como mecanismo de lavado de dinero.
La presidenta de Transparencia Venezuela vinculó la corrupción estructural con la caída de los ingresos del Estado y el deterioro de los servicios públicos.
Recordó que Venezuela mantiene una deuda externa de 167.000 millones de dólares, en default técnico desde 2017, y que el principal acreedor sigue siendo China, con más de 15.000 millones de dólares pendientes.
“La economía del país continúa en crisis aguda desde hace décadas. No hay recursos para pagar la deuda ni para garantizar servicios básicos”, afirmó.
De Freitas describió un país donde millones de personas sobreviven con una sola comida al día, con niveles crecientes de desnutrición y con servicios colapsados, incluso en Caracas.
También denunció la extorsión generalizada ejercida por grupos armados colombianos, bandas criminales y funcionarios estatales.
La activista aseguró que el grupo en el poder “capturó toda la estructura institucional”, desde el sistema de justicia hasta la industria petrolera, para garantizar impunidad y controlar sectores económicos clave.
Denunció además la existencia de más de mil presos políticos, con una “puerta giratoria” de detenciones y liberaciones arbitrarias. Para finales de 2025, 86 detenidos estaban desaparecidos y 26 habían muerto bajo custodia del Estado, víctimas de torturas o falta de atención médica.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado cientos de casos de tortura, recordó.
De Freitas afirmó que Venezuela necesita un Estado íntegro, transparente y con justicia independiente, capaz de proteger los recursos públicos y garantizar derechos humanos.
“Necesitamos inversión de capitales constructivos que permitan pagar la deuda, crecer y sostener con dignidad a todos los venezolanos”, dijo.
La presidenta de Transparencia Venezuela cerró su intervención con un pedido directo al Consejo de Seguridad:
“Por último, una petición que es una súplica: la libertad para todos los presos políticos venezolanos”.
