La ONG SOS Orinoco denunció que el régimen de Nicolás Maduro ha intentado modificar el proyecto de decisión sobre el Sitio Patrimonio Mundial del Parque Nacional Canaima para impedir que la Unesco realice una visita técnica al lugar y constate los graves efectos de la minería ilegal en zonas protegidas.
«En el marco de la reunión anual del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco que se está celebrando en Riad, Arabia Saudita, hemos recibido información de varias fuentes, de un intento desesperado de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela para lograr una modificación del borrador aprobado en el mes de julio de 2023 en Paris en las reuniones preparatorias«, indicó la organización en un comunicado.
SOS Orinoco explicó que el borrador evidencia la urgencia de que la Misión Reactiva de Monitoreo de la Unesco realice una inspección en Canaima, una visita que ha sido truncada desde hace meses por el gobierno de Maduro.
«La Unesco debe tener su propio diagnóstico de primera mano, sin intermediarios ni injerencias políticas, de la realidad del sitio, para cumplir con el espíritu de la Convención del Patrimonio Mundial, en beneficio de la Humanidad y del pueblo de Venezuela. Se necesita urgentemente la objetividad y los conocimientos técnicos de la Misión de Vigilancia Reactiva para analizar la situación y trabajar con el Estado parte para empezar a encontrar soluciones», señaló la ONG.
Destacaron que la minería ilegal ha causado daños reales, tangibles y severos dentro del parque nacional Canaina. «Recomendamos que el Comité no ponga tanto énfasis en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, que no se superpone espacialmente con la propiedad, sino que se centre en las más de 1.000 hectáreas de minas a cielo abierto que actualmente están operando dentro del parque nacional, y las decenas de balsas mineras que son movilizadas y escondidas, cuando es necesario, por mineros ilegales», indicó SOS Orinoco.
«Además de los graves daños causados a los recursos naturales y paisajísticos, la intensa minería está contaminando los cursos de agua con mercurio, afectando gravemente a las poblaciones indígenas del área protegida y a los pueblos ubicados aguas abajo de la cuenca del río Caroní. Por tanto, la realidad de Canaima debe abordarse de manera reflexiva y objetiva», agregó la carta.
La organización destacó que «la oferta de una futura ampliación del parque nacional no es más que una fanfarronada para minimizar la magnitud de la inaceptable existencia de la minería ilegal».
«El área protegida sólo cubre la cuenca oriental del río Caroní, por lo que cualquier ampliación del área debe estar dirigida a proteger la integridad de la cuenca alta del río Caroní, es decir, su margen occidental, donde la actividad minera es aún más intensa», concluyó.
