Un grupo de organizaciones de la sociedad civil venezolana emitió este lunes 27 de julio el manifiesto «Camino para recuperar la democracia, la libertad y el estado de derecho», en el que exigen una hoja de ruta con cronograma verificable hacia la celebración conjunta de elecciones presidenciales y de Asamblea Nacional.
Según el documento, a un mes de los terremotos del 24 de junio, la recuperación del país se suma a una crisis estructural que se ha prolongado por más de una década, y la reconstrucción requiere autoridades con legitimidad de origen, capacidad institucional y controles sobre el ejercicio del poder.
Las organizaciones propusieron que la negociación en curso entre la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen chavista, prevista a partir del 1 de agosto, establezca como prioridad una hoja de ruta hacia la celebración conjunta de elecciones presidenciales y parlamentarias en el menor plazo posible, con la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) como condición central.
El documento planteó 13 líneas rojas para preservar el sentido democrático del acuerdo, entre ellas: celebrar la primera elección de la transición en un plazo máximo de un año contado desde el 1 de agosto de 2026; designar al nuevo CNE a más tardar tres meses después de iniciada la negociación; aprobar un estatuto electoral especial antes del 30 de octubre de 2026; garantizar la observación internacional desde las primeras fases; y asegurar la publicación de actas y resultados desagregados por mesa de votación.
Las organizaciones también exigieron la restitución del Registro Electoral, con puntos de inscripción en los 335 municipios del país y mecanismos accesibles para los venezolanos en el exterior; la devolución de tarjetas, símbolos y autoridades a las dirigencias partidistas legítimas; la revisión de inhabilitaciones impuestas sin sentencia judicial firme; y la liberación de las personas detenidas por razones políticas como condición para avanzar hacia la elección.
El documento advirtió que los compromisos asumidos en 2024 no se tradujeron en garantías efectivas, ya que después del 28 de julio de ese año no se publicaron resultados verificables ni se reconoció la voluntad ciudadana, lo que confirma, según las organizaciones, que la firma de un acuerdo resulta insuficiente sin mecanismos de implementación y verificación.
Las organizaciones subrayaron además que la asistencia humanitaria, los programas sociales y los recursos destinados a la reconstrucción tras los terremotos deben mantenerse separados de la movilización electoral, y advirtieron que las necesidades generadas por los sismos «no pueden convertirse en instrumentos de presión política».
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