El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) informó que la multinacional proveedora de sistemas de voto electrónico Smartmatic reclama unos 1.500 millones de dólares al régimen de Nicolás Maduro por «un fraude» en 2017 y la expropiación de activos.
La demanda de arbitraje se produce por las votaciones del 30 de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que tomó las atribuciones del Parlamento cuando estaba controlado por la oposición. La compañía Smartmatic, que suministró la tecnología para llevar a cabo esos comicios, acusó a las autoridades electorales venezolanas de “manipular” los resultados para inflar la participación en medio de alta abstención, un señalamiento que estas negaron, publicó INFOBAE.
La multinacional británica SGO Corporation Limited, de la que forma parte Smartmatic, ha presentado una demanda de arbitraje de inversiones contra Venezuela (…) en relación a un fraude electoral” y “activos expropiados a la empresa”, según una nota publicada por la web de la revista del CIAR, con base en Madrid.
Un directivo de Smartmatic dijo en agosto de 2017 que el reporte oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de 8,1 millones de votantes, sobre 19,4 millones convocados, habría sido “manipulado”, provocando una variación que podría superar el millón de votos.
Fundada por venezolanos a finales de la década de 1990 y parte de SGO Corporation Limited desde 2014, la compañía denunció después la expropiación de activos que habrían sido utilizados por otra empresa proveedora de tecnología electoral en Venezuela desde entonces, la argentina ExCle.
En su petición de arbitraje, SGO sostiene que Venezuela desató una campaña de persecución contra Smartmatic, incluyendo pero no exclusivamente:
- Hostigamiento y las amenazas contra la seguridad, vida e integridad de sus empleados y bienes, para forzar a Smartmatic a avalar y certificar resultados electorales falsos y volúmenes de participación inexactos;
- Extorsión, asedio y retaliación mediante la falta de cumplimiento deliberada y arbitraria de una serie de pagos contractuales que hoy en día Venezuela todavía le debe a Smartmatic, pagos que se generaron por los servicios que Smartmatic efectivamente prestó a Venezuela;
- Expropiación indirecta de la inversión de Smartmatic en Venezuela, al obligarla a realizar actos de disposición de sus propios activos tangibles e intangibles para beneficiar a otra empresa extranjera que se lucra y beneficia a sus expensas.
Asegura, además, que hubo “retaliación mediante la falta de cumplimiento deliberada y arbitraria de una serie de pagos contractuales”.
Igualmente, la trasnacional destaca “la expropiación” de activos “tangibles e intangibles” de Smartmatic para “beneficiar a otra empresa extranjera”.
Smartmatic trabajó en elecciones en Venezuela entre 2004 y 2017.
