La defensora de derechos humanos y experta en seguridad y defensa Rocío San Miguel afirmó que la sentencia absolutoria dictada en su contra ratifica el derecho de los civiles a exigir transparencia a las Fuerzas Armadas venezolanas.
En una entrevista con EL PAÍS, San Miguel relató las condiciones que enfrentó durante los casi dos años que permaneció detenida en el Helicoide, tras ser arrestada en febrero de 2024 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y acusada de estar vinculada al llamado caso Brazalete Blanco, una supuesta conspiración para asesinar a Nicolás Maduro.
San Miguel recuperó su libertad plena el viernes pasado, luego de que un tribunal declarara su absolución. Previamente, en enero de 2026, había sido excarcelada y trasladada a España junto con otros presos políticos de nacionalidad española.
La defensora contó que durante su reclusión permaneció ocho meses con una fractura en el hombro sin recibir atención médica adecuada. También señaló que pasó un año y diez meses antes de poder realizar su primera llamada telefónica.
“De los dos años presa, estuve sin dolor solo seis meses”, relató San Miguel, quien explicó que sufrió una caída en el Helicoide debido a la laberintitis y que la fractura tardó cuatro meses en ser confirmada mediante una radiografía y otros cuatro meses en ser operada.
Sobre su regreso a Venezuela en mayo pasado, explicó que decidió volver porque su vida y su familia estaban en el país, pese a conocer los riesgos. El 4 de agosto acudió a los tribunales para solicitar la nulidad del proceso, pero el tribunal decidió iniciar el juicio.
San Miguel señaló que la Fiscalía del régimen había ratificado seis delitos en su contra, con penas que podían alcanzar los 30 años de prisión. Sin embargo, finalmente fue absuelta.
“Criminalizaron mis análisis, mis estudios sobre el control civil sobre las Fuerzas Armadas, los mapas de zonas de seguridad que son públicos”, afirmó. Agregó que sus anotaciones realizadas durante los allanamientos a su vivienda fueron analizadas por peritos y calificadas como “pruebas de interés criminalístico”.
“Ahora mi sentencia ratifica el derecho de los civiles de exigir transparencia”, sostuvo.
La defensora también cuestionó el funcionamiento del sistema de justicia vinculado a organismos militares y afirmó que los fiscales y jueces ordinarios terminan subordinados a las decisiones del sistema militar.
“Los organismos de inteligencia en Venezuela no pueden seguir teniendo calabozos, como pasa en la DGCIM. Eso tiene que terminar en Venezuela”, afirmó.
San Miguel también calificó de “profundamente injustas” las condenas impuestas a varios militares procesados en el caso Brazalete Blanco. Aseguró que las 15 personas detenidas fueron víctimas de desaparición forzada, violaciones al debido proceso y, en algunos casos, torturas.
La defensora mencionó específicamente la situación de Ángelo Heredia, condenado a 18 años de prisión, y de Ronald Ferrer, un exsoldado que, según San Miguel, fue involucrado en el proceso por un saludo publicado en Facebook.
San Miguel expresó su expectativa de que la apelación permita anular las condenas y que todos los presos políticos, incluidos los militares, puedan recuperar su libertad.
Finalmente, agradeció al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por las gestiones que, según afirmó, contribuyeron a su atención médica y a su liberación. “Inscribo su labor en la diplomacia humanitaria. Me ayudó en momentos de extrema fragilidad”, señaló.
